El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Arica ordenó la apertura de una investigación administrativa en contra del magistrado del Juzgado de Garantía de la ciudad, Héctor Barraza, luego que ordenara entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas involucradas a las defensas de los integrantes del Tren de Aragua que están imputados por diversos delitos.
La decisión fue adoptada tras reunir todos los antecedentes recopilados luego que el ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado, se constituyera para verificar el procedimiento desarrollado durante la audiencia de cautela de garantías desarrollada el miércoles 13 de septiembre pasado.
“Al mismo tiempo se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos”, informó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González.
La decisión del juez Barraza hizo que el Ministerio Público debiera reubicar a todos los testigos involucrados en el caso para evitar que el Tren de Aragua tome represalias en su contra.
“De los 56 testigos, no hay ninguno que debería estar en la ciudad en estos momentos, a todas estas personas civiles los reubicamos”, confirmó el fiscal regional de Arica y de Parinacota, Mario Carrera.
