El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de su directora Consuelo Contreras, informó en septiembre de 2022 la imposibilidad de poder acreditar las lesiones de las personas que accedieron a pensiones de gracia, tras el estallido social.
El oficio enviado al presidente Gabriel Boric consigna que el INDH no puede verificar las lesiones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras el 18 de octubre de 2019, quienes solicitaron a La Moneda obtener este beneficio.
En esta línea, Contreras explicó al jefe de Estado que el organismo “le es posible acreditar la condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos conocidos en el ejercicio de sus funciones como órgano de promoción y protección de los derechos humanos, con independencia del resultado de las acciones para poder acreditar circunstancias de esta índole”, lo que no se extiende para “las consecuencias físicas derivadas de esos hechos”.
“En este sentido, el Instituto no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole”, indicó la directora del INDH, en un documento dado a conocer por 24 Horas.
Junto con ello, Consuelo Contreras advirtió a Boric que para poder calificar de víctimas y la admisibilidad de cara a posibles beneficios se debe crear un nuevo organismo especialmente para ello, “que garantice un procedimiento administrativo accesible, flexible, transparente y público”.
“Este órgano, que podría ser la comisión que contempla el artículo 7 de la ley 18.056, debería estar Integrado por personas de excelente reputación moral y profesional, asegurando la imparcialidad”, cerró la directora del INDH.
Este informe surge luego que Contraloría diera cuenta que 19 beneficiados con pensiones de gracia tras el estallido social no contaban con antecedentes médicos que respaldaran la entrega de los recursos por parte del Fisco.
