La Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) confirmó que revertirá el plan de suspensión indefinida que implementó, luego del anuncio de la Comisión Antidistorsiones, en cuanto a establecer derechos antidumping para las barras de acero y las bolas de acero para molienda de origen chino.
A través de un comunicado, la empresa anunció que la medida de reanudar las labores productivas se implementará “mientras se mantengan vigentes niveles de sobretasas que permitan a CSH operar en un entorno competitivo y contrarrestar las distorsiones de precios corroboradas por la Comisión“.
En el texto, la compañía valoró la decisión de la Comisión Antidistorsiones de establecer un derecho de antidumping provisional del 24,9% para las barras de acero y del 33,5% para las bolas de acero para molienda. Detalló también que tras esta medida se decidió continuar con sus operaciones siderúrgicas.
“Es una buena noticia para una industria nacional estratégica para el desarrollo sostenible de Chile. Valoramos la decisión de la Comisión Antidistorsiones, ya que permite eliminar distorsiones, equilibrar el mercado y que los actores nacionales puedan demostrar sus capacidades en proveer el mejor acero para Chile“, manifestó el presidente del directorio de Siderúrgica Huachipato, Julio Bertrand.
Huachipato espera medidas definitivas
En ese sentido, el ejecutivo de la empresa añadió que “esperamos que esta medida provisoria se confirme con medidas definitivas que nos permitan competir en una cancha pareja. Sólo de esta manera se hace posible la contribución de la Siderúrgica Huachipato al desarrollo del sector minero e industrial de la Región del Biobío y de todo el país”.
A continuación, Bertrand reconoció “el apoyo incondicional de los trabajadores de Huachipato y de toda la comunidad del Biobío. También quiero reconocer el trabajo serio desplegado por las autoridades, en la revisión de los recursos presentados”.
Además, desde la compañía se pidió avanzar hacia plazos más extensos, “para que este tipo de derechos antidumping se establezcan por un plazo de cinco años y entregue mayores facultades a la Comisión, al igual que como ocurre en otros países como Estados Unidos, Australia, México, India y Europa“.
