El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la demanda que interpuso la sociedad que administra el centro comercial Patio Bellavista, a través de la cual buscaba una indemnización por parte del fisco de más de 13.000 millones de pesos por los perjuicios sufridos a raíz del estallido social de 2019.
De acuerdo con la acción judicial interpuesta por la sociedad Inversiones Las Arenas Ltda. y Álvaro Jadue Melnick, debido a las “constantes manifestaciones” Patio Bellavista no pudo operar de manera regular, lo que le ocasionó graves daños económicos.
En el escrito los demandantes plantearon además que las autoridades “se acostumbraron a una dosis de violencia” y “renunciaron a recuperar el área de la ciudad”, con lo que en la práctica permitieron que los alrededores del centro comercial, en particular la Plaza Baquedano se transforma en “una verdadera zona de sacrificio“, según informó La Tercera.
Los argumentos del CDE para rechazar la demanda de Patio Bellavista
En su respuesta, el CDE pidió al tribunal que rechace la demanda de manera íntegra y argumentó que que los hechos a los que alude ocurrieron hace más de cuatro años, de tal manera que la eventual acción judicial está prescrita.
“La presente demanda fue notificada al fisco de Chile recientemente, con fecha 30 de diciembre de 2024”, mientras que los hechos base descritos en ella sucedieron antes del 30 de diciembre de 2020.
A la vez, el CDE descartó que las autoridades hayan abandonado el sector a manos de los manifestantes y recalcó que “Carabineros estuvo siempre presente en el sector de Plaza Baquedano y sus alrededores”.
También aseguró que “no existió la denominada zona de sacrificio” y que en ese tiempo la policía uniformada enfrentó no solo la violencia generada por el estallidos social, sino también poco después la pandemia del COVID-19, lo que llevó a priorizar el uso de sus recursos de acuerdo a las urgencias del momento.
“Las conductas que provocaron daños en el sector fueron todas perpetradas por terceras personas, desvinculadas absolutamente de los órganos estatales“, planteó el CDE al descartar una acción u omisión por parte del Estado.
Añadió que “la pérdida o disminución de la potencialidad comercial de un área urbana no es civilmente atribuible a los órganos del Estado“.
Cuestionó los montos solicitados por concepto de daño moral
Además, el CDE criticó los altos montos exigidos por los demandantes por concepto de daño moral, ya que mientras la sociedad Inversiones Las Arenas Ltda. pretende un pago de $150 millones, Jadue Melnick exige $50 millones.
“Todas estas cantidades distan mucho de aquellas que piden los demandantes en estos autos, a pesar de que el daño moral que alegan haber sufrido es ostensiblemente inferior en compararlo con la muerte o desaparición de un familiar“, planteó el consejo.
En ese misma línea, planteó que la demanda no explicó bien en qué consistió el daño moral al que se alude y que “no basta con afirmar que se ha sufrido una merma anímica o emocional”, pues esto hay que demostrarlo.
