Alejandro Aguilar, ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó el primer procesamiento por adopciones ilegales en dictadura y envió a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Israel.
El magistrado procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros.
Los involucrados fueron identificados como Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León, Carlos Vega Segura, Laura Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches.
Gutiérrez Pávez, quien además fue acusada de prevaricación dolorosa, era jueza del Juzgado de Menores de San Fernando y en la actualidad reside en Israel, por lo que se solicitó su extradición.
El tribunal aseguró que en la ciudad existió durante la dictadura “una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares”.
El magistrado puntualizó que en enero de 1983, la ex jueza de San Fernando, junto con Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez se apropiaron de una niña de tres años “con el fin de venderla en el extranjero”, por lo que Carlos Segura pidió su tuición y así poder sacarla al extranjero, ya que la madre de la menor, junto a Carabineros, logró rescatarla.
Pero en marzo del mismo año, Ivonne Gutiérrez autorizó la salida de un niño con destino a Estados Unidos, además de mantener conexiones en Santiago, donde incluso contaban con una oficina de abogados, guardería infantil y ayuda de integrantes del Registro Civil.
En los casos acreditados, se comprobó que la jueza dictaba personalmente los escritos donde las madres de los menores vendidos supuestamente renunciaban a su cuidado y así poder enviarlos al extranjero y concretar las adopciones ilegales.
