
Una serie de irregularidades, entre ellas algo más de 5 mil cuentas activas de usuarios fallecidos, detectó la Contraloría General de la República (CGR) a través de la auditoría que realizó a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Así lo indicó el informe elaborado por el órgano contralor, el que detalló que la revisión se centró en los aspectos tecnológicos que respaldan el proceso de tramitación de investigaciones instruidas por la referida superintendencia.
En su reporte, y en particular sobre el tema de los usuarios activos que en realidad están fallecidos, el organismo que encabeza Dorothy Pérez precisó que la cifra de estos casos se eleva a los 5.014.
“Esto, de acuerdo a un cruce de datos con el Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que podría influir en un uso malicioso del sistema”, reportó el informe de la Contraloría.
“Esto conlleva un riesgo en las operaciones que involucran información crítica y su transparencia“, alertó a la vez el documento.
Ante esto, Contraloría instó a la Suseso a “remitir antecedentes que permitan acreditar que se deshabilitaron las cuentas vinculadas con usuarios -particulares- fallecidos, que accedían a través de una clave otorgada por el sistema, junto con implementar un control automatizado para evitar la persistencia de esta situación en el futuro”.
“Asimismo, deberán remitir evidencia documental sobre el desarrollo de un factor adicional de autentificación o de la revisión y mejoras de su mecanismo de autentificación para validar si el ingreso al sistema PAE, efectuado a través de clave única, corresponde a una persona que se encuentra fallecida”.
De igual manera, el órgano contralor detectó que hay usuarios que no están registrados en la dotación del personal que realizan movimientos en el sistema que ponen en riesgo la integridad de la información.
En total, hay 1.517.009 registros de bitácoras, que corresponden a un total de 73 usuarios, los cuales presentan actividades en múltiples expedientes.
Las otras irregularidades en Suseso que impugnó la Contraloría
De acuerdo con lo precisado por la Contraloría, entre los hallazgos se cuentan, además de las miles de cuentas activas de usuarios ya fallecidos, una desregulación del sistema y extensos plazos de tramitación.
Según se establece en el documento, el órgano contralor “detectó incumplimientos en el plazo de tramitación de los recursos de reposición interpuestos por los profesionales sancionados. En 96 registros se superan los 30 días hábiles administrativos entre la fecha interposición del recurso y la de dictación de la resolución terminal. Asimismo, se identificaron 62 registros (65% de los casos analizados) donde incluso los plazos alcanzan los 427 días hábiles, que exceden los seis meses dispuestos por la normativa“.
En esa línea, la Contraloría “advirtió que las personas designadas como visadores de oficios y firmadores de resoluciones no se encuentran distribuidas por unidad o por materia en cuestión, donde se puede apreciar que el sistema permite asignar a cualquier funcionario del sistema y la selección del mismo queda a responsabilidad de quien ejecuta el pase que requiere visación o firma“.
A raíz de lo anterior, la CGR ordenó a la Suseso instruir un procedimiento disciplinario para “determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos objetados en el informe”.
Además, entre otras medidas, la “Superintendencia deberá entregar evidencia documental sobre el desarrollo dentro del Sistema Procedimiento Administrativo Electrónico (PAE), de una funcionalidad para la segregación específica de los visadores y firmadores que participan en el proceso de la Unidad de Control de Licencias Médicas (UCLM), a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de presente informe”.
