En las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el caso de los siete ex suboficiales del Ejército que eran parte de una organización criminal que trasladaba droga desde la Región de Tarapacá hacia la Región Metropolitana.
La fiscal de Trinidad Steinert en conversación con Radio Universo, partió diciendo que “es una investigación vigente, reservada. Ellos habían hecho otros movimientos, eso ya está acreditado”.
“Tenemos acreditado por ahora, que venían operando al menos desde el año pasado, en este mismo modus operandi, y lo demás sigue con la línea investiga para ver hacia dónde se dirigían específicamente, sabemos que RM, pero para poder llegar a establecer a quién se le vendía en la RM. Y establecer de dónde viene (la droga), sabemos que viene de Bolivia, no es producción nacional, pero hay que establecer de dónde específicamente”, añadió.
En esa línea, la persecutora sostuvo que han acreditado “por lo menos 10 envíos” de los vehículos conducidos por los militares en la ruta desde Iquique a Santiago para transportar droga “desde octubre del año pasado”.
Si bien aún no se conoce la cantidad exacta de droga que lograron trasladar, en el momento de la detención cada vehículo tenía 94 kilos.
Por otro lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo en diálogo con Radio Cooperativa que “se realizaron al menos 17 viajes previos, tenían una logística y estructura de vehículo que operaban como una cápsula de seguridad en la carretera, y además tenían maneras de guardar esos vehículos por determinados días para volver a su circulación”.
Sumado a lo anterior, se encuentra en la palestra el caso de los cinco funcionarios de la FACh que fueron sorprendidos intentando trasladar drogas a Santiago en avión institucional.
La disputa entre el Ministerio Público y la FACh por caso de tráfico de drogas
Bajo este contexto, se abrió una disputa de competencias entre la Fuerza Aérea y el Ministerio Público, ya que desde esta última institución aseguran que se habría materializado un delito de la ley de drogas, situación por la cual señalan que debería ser investigado por la justicia ordinaria.
Con respecto a esta situación, la persecutora aseveró que “estas son discusiones jurídicas que tenemos que dar como Ministerio Público, ya que tenemos la convicción que lo que corresponde es que nosotros seamos los llamados a investigar, independiente de que esta indagatoria obedece a controles inte
os de la propia FACh como pasó en el caso de los militares del Ejército, los llamados a conocer las investigaciones de un delito común es la justicia ordinaria”.
A lo que agregó: “Yo pedí formalmente los antecedentes el viernes a la FACh, y estos me fueron negados también formalmente. En atención a eso recurrí a la Corte (de Apelaciones de Iquique), para que le ordene -a la FACh- entregar los antecedentes al Ministerio Público“.
Esto, significa que la fiscal regional solicitó que la causa la vea el Ministerio Público, y desde aquella petición “el tribunal fija una fecha y ahí tenemos que ver cómo se resuelve y cómo seguimos los recursos procesales si es que nos va mal, así que estamos por todos lados sosteniendo nuestra postura”.
De acuerdo a la persecutora, desde la Fuerza Aérea señalan que “en atención a que los imputados son de su institución, de que el delito se cometió dentro de sus recintos”, la justicia militar es la que debe ver la causa.
No obstante, desde Fiscalía argumentan que “no vemos por dónde un delito común tenga que ser investigado por un tribunal especial y excepcional, y teniendo como análisis de víctimas, las víctimas son todos los civiles, porque afecta a la salud pública”.
