Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la noche de este martes las dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), gracias a una orden emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía, luego que previamente el organismo se negara a entregar de manera voluntaria sus servidores, en el marco de la investigación por la liberación del sicario involucrado en el asesinato del empresario José Reyes, conocido como el Rey de Meiggs.
El propósito de la diligencia es obtener antecedentes que puedan contener dichos servidores respecto de las comunicaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial y que culminaron con la puesta en libertad del venezolano Osmar Ferrer, de 18 años. Durante el allanamiento se incautaron diversos equipos tecnológicos.
Según estableció el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, quien encabeza el equipo que indaga el caso, acceder a esos equipos resulta esencial para esclarecer cómo y por qué se produjo en concreto la salida de Santiago I del imputado en el crimen cometido en la comuna de Ñuñoa, ya que la CAPJ coordina las comunicaciones con Gendarmería.
Pasadas las 22:00 horas, el Poder Judicial comunicó que, “tras la presentación de la orden judicial correspondiente” la Corporación Administrativa (CAPJ) colaboró con la entrega de información requerida por la PDI.
Cuál es la versión de Gendarmería sobre la liberación del sicario
De acuerdo con lo informado por Gendarmería sobre la libertad del sicario, el día 9 de julio se recibió una orden para que el imputado fuera ingresado en Santiago I, pero al día siguiente llegó una contraorden a través del sistema informático, con la que se anuló su detención.
La institución detalló que a las 14:13 horas del 10 de julio se recibió otro correo que ratificaba la primera orden de detención, pero en la cual no se rectificaba la orden de liberar al sujeto.
