La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió a trámite la denuncia presentada contra del Estado de Chile por la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien acusó “vulneraciones gravísimas al debido proceso” cuando fue expulsada del máximo tribunal del país.
“Cumplo con informarle que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al gobierno de Chile y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que presente sus observaciones”, establece la resolución de la CIDH que recibió este viernes el equipo de abogados que representa a la ex magistrada.
Tras ser notificada, Ángela Vivanco dijo que “confío en que ante esta instancia internacional imparcial pueda darse la adecuada protección de los derechos que considero afectados“, según lo informado por La Tercera.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia presentada por los abogados de la ex jueza, durante el proceso exprés en su contra hubo una vulneración tanto al debido proceso como a sus garantías judiciales.
Además, alegó que en su caso no se respetó el derecho a la protección judicial, su derecho a la protección de la intimidad y de los datos y comunicaciones privadas.
En el texto se expuso que también se vulneró el derecho de Ángela Vivanco al trabajo y al principio de legalidad e interpretación y aplicación adecuada y razonable de las normas que regulan derechos.
La remoción de Ángela Vivanco de la Corte Suprema por la que acudió a la CIDH
La ex ministra de la Corte Suprema fue removida del máximo tribunal del país el 10 de octubre de 2024, luego de que se conocieran los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios.
A raíz de esta divulgación se abrió un cuaderno de remoción exprés, el que se sumó a la acusación constitucional que presentaron varios diputados en su contra.
En su resolución, el tribunal estableció que “se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia”.
El dictamen determinó que “el conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que han sido posible constatar, permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que, desde luego, priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho”.
