La Subsecretaría de Educación Superior le dio una semana de plazo a las universidades privadas que reciben recursos públicos para que entreguen la información de sus funcionarios que reciben un sueldo superior a los $8 millones.
La medida se les informó a través de un oficio ordinario enviado este miércoles 30 de julio, correspondiente a las glosas 21 y 22 de la Ley de Presupuestos 2025. Todo esto a raíz de lo ocurrido el año pasado con Marcela Cubillos, luego de que se revelara que recibía un sueldo bruto de $17 millones en la Universidad San Sebastián.
Fue el diputado Juan Santana (PS) el que impulsó el incluir indicaciones en las glosas de la subsecretaría para que se regulen las transferencias del Estado a aquellas instituciones de Educación Superior, ya sean estatales o privadas, con fines como gratuidad, becas, fondos institucionales, investigación o pasantías.
Según dio a conocer La Tercera, la glosa 21 consigna que “las instituciones de Educación Superior que se financien en todo o en parte con cargo a estos recursos del presente programa, deberán remitir semestralmente la nómina anonimizada del personal académico y directivo contratado bajo la modalidad de planta, contrata u honorarios que, por concepto de salario, dietas, bonos, asignaciones y viáticos mensuales, percibiera ingresos superiores a ocho millones de pesos mensuales“.
En la 22, en tanto, se indica que “semestralmente el Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de las instituciones de Educación Superior, sean estas públicas o privadas, que ejerzan labores docentes y/o de investigación”.
Desde la Subsecretaría de Educación Superior aseguraron que varias instituciones ya se contactaron “para asegurar el envío de información en los plazos requeridos”.
Los cuestionamientos desde las universidades privadas
En varias universidades privadas toman con recelo la medida exigida desde el Ministerio de Educación que forma parte de la Ley de Presupuestos 2025.
Uno de ellos es Juan Eduardo Vargas, rector de la Finis Terrae, quien comentó que “me parece realmente absurdo que a través de dos glosas de la Ley de Presupuestos se nos obligue a informar el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de nuestras instituciones“.
“Por una parte, tenemos que destinar tiempo para generar esta información, que cuesta entender el beneficio que tendrá para los parlamentarios, porque es claro que no aporta a la calidad de la formación de los estudiantes, que debiese ser el fin último”, agregó.
Vargas cuestiona “por qué este excesivo control se realiza con las instituciones de Educación Superior, cuando otras instituciones, que también reciben recursos públicos, como establecimientos escolares, empresas constructoras o clínicas privadas, no son sometidas a este absurdo escrutinio”.
Desde la Universidad de las Américas, la rectora Pilar Romaguera anunció que se reunirá con su equipo legal para “ver su compatibilidad con la ley de protección de datos personales”.
Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la Universidad Central, advirtió que “hay que ser cuidadoso para no intervenir la autonomía de las universidades“.
“Todos estamos por la transparencia, pero respetemos la institucionalidad y los canales que se han definido para esto“, añadió.
