La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó la acusación contra siete personas en el marco del Caso Democracia Viva, donde solicitaron una pena de 10 años para la desaforada diputada Catalina Pérez.
En la acusación se contemplan los tres contratos por $426 millones que fueron en beneficio a la fundación vinculada a RD y traspasos a otras tres ONG: Tomarte ($456 millones), Fibra ($430 millones) y Fusupo ($284 millones)
Con respecto a la arista en la que está involucrada la parlamentaria Catalina Pérez, su ex pareja Daniel Andrade, la ex concejal Paz Fiuca y el ex seremi del Minvu de Antofagasta Carlos Contreras, el Ministerio Público los acusa de tres delitos consumados de fraude al fisco.
En cuanto a los roles que tuvieron Fiuca y Contreras, la acusación sostiene que “se concertaron previamente para permitir la adjudicación de los fondos”, mientras que la diputada y su ex pareja “facilitaron los medios para la ejecución del delito” por medio de la fundación Democracia Viva “ocultando los antecedentes de la fundación que hubieran impedido la concesión de los fondos”.
Las penas que arriesgan Pérez, Andrade, Fiuca y Contreras por el Caso Democracia Viva
Esto, considerando que la fundación “no tenía las competencias ni la idoneidad ni experticia para cumplir con su ejecución de los programas, privando al Estado de poder adjudicar dichos convenios de transferencia de fondos a una fundación que sí pudiera ejecutarlos”, según consigna La Tercera.
En este sentido, la Fiscalía expone que “la voluntad de los imputados nunca fue que los fondos públicos obtenidos desde el Minvu cumplieran el objetivo pactado en los convenios de transferencia, dado que de antemano sabían que no podrían cumplirlos”.
Teniendo en cuenta esto, el ente persecutor solicita una pena de 10 años de cárcel para la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, Paz Fiuca y Carlos Contreras, aunque en el caso de los dos últimos, podrían arriesgar una pena de 35 años de presidio, ya que están siendo investigados por más delitos relacionados a otras aristas del Caso Democracia Viva.
