Damnificados y familiares de 65 de los 139 fallecidos en el megaincendio de Valparaíso en febrero de 2024 presentaron una denuncia ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según confirmó el abogado que los representa, Felipe Olea.
En el recurso se recordó que los días 2 y 3 de febrero del año pasado varios incendios forestales afectaron sectores poblados en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Las zonas más afectadas fueron El Olivar, Achupallas, Villa Independencia y Canal Chacao, y un total superior a las 7 mil viviendas resultaron completamente destruidas o quedaron con graves daños.
Los argumentos de los damnificados del megaincendio para ir a la ONU
De acuerdo con lo manifestado por el abogado Felipe Olea, los damnificados del megaincendio de Valparaíso acudieron ante la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU para presentar una denuncia por “violación de derechos humanos”.
Según explicó el profesional, a través de la denuncia se pretende que el organismo nombre a un veedor internacional para que revise las eventuales vulneraciones a los derechos humanos que se pudieron generar durante y después del megaincendio.
De acuerdo con lo previsto, la ONU contaría con un plazo de 30 días para realizar el nombramiento del encargado de revisar eltema.
A la vez, los damnificados y familiares de las víctimas apuntaron a una “omisión de alertas oportunas por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf)”.
Respecto de Senapred, se lo acusa de “deficiencias en la coordinación y tardanza en emisión de alertas de evacuación“, mientras que a la Conaf la culpa de “fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas“.
En el caso del Gobierno, el documento apuntó a “omisiones en la respuesta, reconstrucción y apoyo a las víctimas, lo que mantiene a miles de familias en condiciones indignas a más de un año después del siniestro“.
Olea manifestó que “estamos convencidos de que esta catástrofe es responsabilidad del Estado de Chile en un sentido amplio, incluyendo al Gobierno, las instituciones y hasta las municipalidades“.
“Creemos que estamos ante una verdadera violación de derechos humanos protegidos por los tratados internacionales y, es por ello, que pedimos que la comunidad internacional, por medio de la ONU, verifique la existencia de estas vulneraciones que el Estado de Chile pretende relegar al olvido“, explicó el abogado.
