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Caso ProCultura: la arremetida de la Fiscalía para impedir que se detenga el proceso de desafuero de Orrego

La Fiscalía Regional de Antofagasta dijo que asumió el compromiso de evitar dilaciones en el proceso de desafuero de Orrego por el caso ProCultura.

La Fiscalía Regional de Antofagasta interpuso este viernes un recurso para oponerse a la decisión de la Corte de Apelaciones local de decretar la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

De acuerdo con lo explicado por el tribunal de alzada, adoptó dicha determinación tras acoger la petición de la defensa de la autoridad regional en el marco de su solicitud para que la causa se discuta en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que “somos conscientes del impacto que este caso ha tenido en la opinión pública“.

“Por esa razón, y siempre dentro del marco de la ley, hemos asumido el compromiso de evitar dilaciones y avanzar con la celeridad que corresponde, procurando entregar siempre respuestas fundadas y oportunas”, complementó.

La arremetida de la Fiscalía en el proceso de desafuero de Orrego

Según explicó la Fiscalía Regional de Antofagasta en el texto, “se han interpuesto los recursos procesales correspondientes contra la citada resolución, toda vez que entendemos que, más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta fiscalía debe continuar su curso sin mayor demora, máxime si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa”.

El órgano persecutor recalcó que su actuación “está guiada por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad“.

Al argumentar su decisión de decretar la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador Claudio Orrego, el tribunal antofagastino explicó que varias diligencias intrusivas vinculadas al caso fueron autorizadas por tribunales penales con sede en Santiago.

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