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Abogada de familia Correa a quienes se nieguen a dejar la toma: “Cualquiera que se oponga será detenido y enfrentará la justicia”

La abogada Jeannette Bruna ratificó a EL DÍNAMO que este lunes “el 30% de la toma se ha retirado, lo que significa que unas 40 familias están sacando sus cosas”.

La familia Correa venderá el terreno una vez que se desaloje la toma Calicheros de Quilpué y se demuelan las 120 viviendas levantadas por los pobladores, según confirmó este lunes la abogada Jeannette Bruna.

De acuerdo con lo manifestado por la profesional, de esta forma los familiares del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario en 2020, “buscarán cerrar el libro y no solo un capítulo de toda esta trágica y larga historia“.

En diálogo con EL DÍNAMO, la abogada ratificó que “hoy día el 30% de la toma se ha retirado ya, lo que significa que unas 40 familias están sacando sus cosas, ya que se está cumpliendo con el desalojo inicial voluntario y esperamos que el resto de las casas que se encuentran dentro del polígono definido por el Serviu y el Minvu también opere así“.

Reveló que durante esta jornada “comenzó un trabajo logístico en el que la municipalidad puso a disposición de las personas, de los pobladores, un grupo de trabajadores sociales para ayudarles, para catastrarse y obtener las ayudas sociales que necesiten, así como un equipo de salud municipal“.

Jeannette Bruna contó que para las 06:30 horas del martes está previsto el arribo de las máquinas que procederán a la demolición de las viviendas, y “Carabineros está mandatado para que no haya gente ni animales al interior“, recalcó.

Dichos del abogado de pobladores de la toma de Quilpué

En esa línea, cuestionó el accionar del abogado de los pobladores, quien, pese a la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los instó a quedarse o regresar a la toma. “Si no salen por su cuenta, los sacará Carabineros, que debe asegurar que cada propiedad esté sin moradores antes de que empiece el trabajo de las maquinarias. Cualquier persona que se oponga a eso será detenida y enfrentará a la justicia“, alertó.

“Nosotros vamos a cercar el terreno mientras se avanza en la demolición. Por lo tanto, cualquier persona que, haciendo caso a los representantes o al abogado que los llamó por un medio de comunicación a quedarse o a volver al terreno, va a estar incurriendo en un delito y, por lo tanto, puede ser detenida por flagrancia de la ley de usurpaciones. De manera que el llamado sigue siendo a que no vuelvan y no hagan caso a este tipo de llamados“, enfatizó la profesional.

En esa línea, la abogada sostuvo que “para nosotros sería muy importante que el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Nacional también señalaran que las personas que se tomen o retomen el terreno van a ser objeto de la aplicación de la Ley de Usurpaciones, que establece el delito de usurpación violenta en flagrancia“.

“Tal como dijo Valentina Correa en su cuenta de X, es el momento de agradecer a todos quienes nos han apoyado en esta causa, esta cruzada, para conseguir justicia y se dé una señal de que las ciudades no se pueden construir al margen de la ley, y una señal para que las autoridades de verdad empiecen a cumplir sus deberes sin necesidad de que tengamos que llegar a tribunales o la Contraloría“, concluyó la abogada Jeannette Bruna.

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