El caso de la desaparición de Julia Chuñil sumó un nuevo capítulo, luego que La Moneda y la Fiscalía de Los Ríos se enfrentaran sobre la calidad de activista ambiental de la mujer.
El conflicto se origino por las declaraciones de la fiscal Tatiana Esquivel, quien planteó a La Segunda que “no existen antecedentes que permitan afirmar que (Chuñil) ejerciera una labor política o de activista organizada; más bien, se trataba de una mujer dedicada a su familia y a las actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”.
Ante estas palabras, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dejó en claro que “tenemos una diferencia en esto con la Fiscalía, pero ambos poderes somos completamente autónomos”.
“Lo que señaló la fiscal regional fue una opinión respecto a la calidad de Julia Chuñil, (pero) nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era defensora medioambiental”, declaró Gajardo.
En esta línea, el titular de Justicia precisó que “es razonable que haya diferencias entre organismos públicos y, así como tenemos esta discrepancia, no tenemos ninguna duda de que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible en la investigación para dar con el paradero de Julia o con los involucrados en su desaparición“, agregó Gajardo.
Defensa de familia de Julia Chuñil cuestionan postura de la Fiscalía
Al conocer las declaraciones de la fiscal Tatiana Esquivel, la defensora de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, dejó en claro que “no solo demuestra la ignorancia de la persecutora respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que también contradice la propia carpeta de investigación”.
Por su parte, el líder de la ONG Escazú Chile, Sebastián Benfeld, tildó de “preocupante que la fiscal no sólo desconozca qué es lo que significa ser un defensor ambiental, sino que contradiga por la prensa los mismos principios y antecedentes que se plasman en toda la carpeta investigativa”.
Benfeld puntualizó en radio Universidad de Chile que fue el propio Ángel Valencia, “quien anunció, a inicios de este año, la activación del protocolo de protección de defensores de derechos humanos en el caso de Julia, justamente por su calidad de defensora ambiental”.
“Como organización lamentamos el desconocimiento y la ignorancia de la fiscal en torno al caso y esto sólo reafirma la urgencia de avanzar en capacitaciones y formaciones a operadores de justicia, para que conozcan la normativa vigente y, por sobre todo, los tratados internacionales que nos rigen, como el acuerdo de Escazú”, argumentó.
