La abogada de la ex senadora Isabel Allende y la ex ministra Maya Fernández, Paula Vial, valoró este lunes la decisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo en torno a no perseverar en la investigación de la compraventa de la casa del ex presidente Salvador Allende.
La profesional emitió un comunicado de prensa en el que apuntó que “la acuciosa investigación que llevaron a cabo el fiscal regional, Sr. Cooper, y su equipo, confirmó que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de la Casa Museo Salvador Allende“.
“Esta decisión confirma lo que desde el primer minuto señalamos: mis representadas no cometieron ningún delito y como familia fueron expuestas injustamente, cuestionando su honra“, dijo la profesional sobre la fallida compraventa de la casa de Allende.
La decisión de la fiscalía sobre la casa de Allende
Esta jornada, Fiscalía Regional de Coquimbo comunicó al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decidió no perseverar en la causa de presunto tráfico de influencias y fraude al Fisco en la fallida compraventa de la casa del ex presidente Salvador Allende, en la calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.
El ente persecutor informó de su decisión a través de un comunicado que compartió por redes sociales, donde indicó que luego de analizar los antecedehtres recopilados, “no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”.
En el texto, se detalló que la Fiscalía realizó numerosas diligencias, como la toma de 42 declaraciones en calidad de testigos a funcionarios de Presidencia, y los ministerios de las Culturas, Secretaría General de la Presidencia y Contraloría.
A lo anterior se añaden declaraciones de diez personas en calidad de imputadas, así como la recopilación de evidencia documental y digital, entre otras diligencias.
Entre quienes declararon en calidad de imputada está la ex senadora socialista e hija del ex presidente, Isabel Allende, a quien el Tribunal Constitucional destituyó en abril pasado por celebrar un contrato con el Estado.
En tanto, su sobrina, la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, dejó el Gobierno en medio de una acusación constitucional en su contra.
