Codelco anunció la presentación de una querella contra Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y todos los involucrados en la llamada trama bielorrusa, a quienes acusa de delitos como cohecho agravado, soborno y lavado de activos.
Esto, tras conocer los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la formalización de Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, aseverando que esto confirma las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
En el escrito ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Corporación sostiene que las intervenciones descritas por el Ministerio Público coinciden plenamente con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones en favor del consorcio. La querella describe lo ocurrido como un “patrón de comportamiento”, en el que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM.
Según la estatal, Vivanco “efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta”.
Para Codelco, las actuaciones de la ex ministra de la Corte Suprema constituyen “infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”, según la evidencia expuesta en la formalización.
La querella también recoge episodios que la Fiscalía calificó como decisivos para acreditar los delitos de cohecho y soborno, entre ellos la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra, inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio.
En su escrito, apunta a los pagos realizados por Movitec al estudio Lagos y Vargas “en fechas coincidentes con las resoluciones perjudiciales a Codelco y describe cómo una parte de ellos llegó, finalmente, a la cuenta corriente de Migueles a través operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro destinadas a ocultar el origen de fondos que la estatal considera ilícitos”.
