La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta semana, con 80 votos a favor y 36 abstenciones, un proyecto de ley que busca restringir la entrega, renovación e incluso la vigencia de las licencias de conducir para quienes aparezcan en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Según datos de Contraloría presentados durante el debate, entre 2022 y 2024, 3.400 personas inscritas en el registro lograron obtener o renovar licencias pese a adeudar más de $17 mil millones en conjunto.
Por ello, varios legisladores señalaron que la ley actual requiere ajustes para cerrar vacíos y evitar el incumplimiento, por lo que la normativa fue enviada al Senado para su discusión.
Licencias de conducir: esta es la razón por la que podrías perder tu documento si debes pensión alimenticia
El proyecto de ley agrega un nuevo requisito para obtener o renovar la licencia de conducir que es el no estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Además, si alguien obtiene la licencia y luego es incluido en el registro, la licencia deberá ser cancelada de forma administrativa.
Debido a lo anterior, los Departamentos de Tránsito y Transporte Público municipales deberán realizar revisiones mensuales del registro y notificar la cancelación mediante correo electrónico o carta certificada.
Quienes pierdan la licencia por esta causa podrán volver a solicitarla una vez que regularicen su situación, sin necesidad de esperar los dos años que exige la ley en otros casos de cancelación. Asimismo, quienes figuren como deudores no podrán renovar su licencia hasta estar al día con sus pagos.
Durante la discusión, parlamentarios de distintas bancadas coincidieron en que la propuesta busca garantizar el pago efectivo de las pensiones de alimentos, beneficio que impacta directamente a miles de niñas, niños y adolescentes.
Un punto de debate fue que el problema no radica en la ausencia de la norma, sino en la falta de fiscalización por parte de los municipios. Algunos parlamentarios advirtieron que la propuesta podría sobrecargar a los departamentos de tránsito con nuevas obligaciones, sin solucionar las debilidades operativas existentes.
