Muchos lo sufren día a día. Chile vive una transformación en materia criminal que ha avanzado de manera silenciosa pero sostenida durante la última década. Las encerronas dejaron de ser noticia aislada; los secuestros extorsivos -que hasta hace una década solo veíamos en las películas- van en alza como forma de saldar deudas entre bandas criminales; los narco funerales se han instalado con sus fuegos artificiales, cortes de tránsito y disparos al aire; antiguos barrios tranquilos a lo largo del país han sido testigos de tomas de casas y delirantes movimientos nocturnos.
Los Gallegos, el Tren de Aragua y Los Trinitarios se han vuelto parte del cotidiano noticioso, y los casos de corrupción en instituciones del Estado dejaron de ser excepciones y hoy aparecen con inquietante y creciente regularidad.
“La criminalidad es muy dinámica y en nuestro país ha habido un grave problema de diagnóstico respecto de ella. Se ha perdido mucho tiempo valioso por no entender la real envergadura y peligrosidad del problema”, advierte Pía Greene Meersohn, doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, y miembro del Panel Consultivo de Expertos en Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública.
Si hay alguien que conoce al dedillo el panorama del crimen en Chile, es ella. Ha dedicado la mayor parte de su carrera a estudiar sobre seguridad y prevención del delito, y analiza el escenario con la precisión de una cirujana. Según Greene, la evolución de la criminalidad en el país se venía gestando hace mucho, pero se habría vuelto evidente después de la pandemia. “Cuando todo se cerró -los colegios, el comercio, las fronteras- el crimen organizado no se detuvo. Siguió operando, acumuló stock de droga y mercancías de todo tipo, que entraron con fuerza cuando no había oferta legal. Y ello coincidió con una institucionalidad muy presionada por la emergencia sanitaria, enfocada en otras prioridades y muy debilitada también por el estallido social”, explica. “La pandemia fue el trampolín, en el sentido de que generó una demanda interna que abrió las puertas al mercado ilícito, pero el crimen organizado solo puede operar cuando existe una demanda que lo sostiene”.
-Y una institucionalidad que lo permite…
Sin duda. Estábamos enfrentando un monstruo que no conocíamos y eso requería de una coordinación sin precedentes que, al mismo tiempo, impidió ver lo que ocurría en esta materia. Luego vino el gobierno de Gabriel Boric, que entró con otras prioridades, demoró en dar sentido de urgencia a este fenómeno y, lo que es peor, quitó presupuesto a varios proyectos de seguridad. Se perdió tiempo muy valioso y, entre tanto, siguieron creciendo la criminalidad y la demanda interna.
-¿Cómo es esa “demanda interna” de la que hablas?
En Chile hay un altísimo consumo adolescente de drogas, por ejemplo, que obliga a generar mercados de microtráfico. Y también hay demanda de contrabando y comercio ilegal. Al comprar productos ilegales -debido a su bajo precio- tienes que saber que estás alimentando redes criminales. Que detrás de esas zapatillas falsificadas que compraste en el mercado informal, hay una banda de crimen organizado que produce daño y que opera con violencia.
-¿Dónde está instalado hoy con mayor fuerza el crimen organizado?
Publicamos en septiembre el Indicador Nacional en base al análisis de los delitos ingresados al Ministerio Público durante los últimos tres años. Una de las conclusiones del estudio es que la región más afectada en 2024 fue Arica y Parinacota, seguida por la Metropolitana y Tarapacá. Pero el crimen ha comenzado a bajar hacia la macrozona sur -específicamente a Los Ríos y Los Lagos- y han aumentado mucho la corrupción y la ciberdelincuencia. Hay que poner ojo ahí, ya que son las manifestaciones tempranas de la llegada del crimen organizado.
-¿Existe algún vínculo entre las organizaciones criminales que están bajando hacia la macrozona sur y los grupos terroristas que están instalados ahí?
No necesariamente, porque el terrorismo y el crimen organizado son fenómenos muy distintos y operan de modo diferente. El terrorismo busca instalar una ideología a través del amedrentamiento de la población. El crimen organizado, en cambio, busca lucro. Como dice Pablo Zeballos, es “poliamoroso y agnóstico”. Eventualmente podrían concatenarse para sacar provecho uno del otro, pero normalmente no actúan en conjunto.
-¿Cuáles son las falencias actuales en el Estado que permiten la corrupción?
Lo más grave es la falta de coordinación institucional. No tenemos coordinación entre las instituciones del Estado, cada una funciona por separado y sin compartir información. No hay incentivos adecuados para que todos nos volquemos a un objetivo común y eso es fundamental para hacerle frente al crimen. Requerimos mucho mayor contacto, tanto en lo informativo como en lo operacional. Hay que retomar con fuerza la Unidad de Coordinación Estratégica (UCE) que instaló el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que, precisamente, buscaba hacer esta transformación. Ésa fue una gran política pública y hoy sigue existiendo, pero se le rebajó mucho el presupuesto.
-Dices que el crimen está muy instalado en nuestro país, sin embargo, el peak de homicidios lo tuvimos en 2022, con un 6,7%. Luego la cifra ha ido a la baja… ¿cómo se explica eso?
Es que nuestra entrada al crimen ha sido de manual. La operación de estos grupos es siempre la misma: primero hay un proceso de disputa territorial violenta; luego un período de negociación entre bandas y de reparto de los mercados; y, por último, la fase de captura parasitaria del Estado, que es cuando el crimen ya ha permeado la institucionalidad y tiene capacidad de influir desde ella en las políticas públicas. En Chile estamos en la segunda etapa, pero ya entrando en la tercera.
-¿Tenemos en Chile instituciones corruptas?
No todavía. Pero sí instituciones con personas corruptas. Lo hemos visto en Carabineros, PDI, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Fuerzas Armadas y municipalidades. El crimen organizado tiene muchísimo poder adquisitivo y, con eso, muchísimo poder para corromper y extorsionar. La puerta de entrada es siempre igual: para que una organización criminal o un nuevo crimen penetren en el país, al menos una persona tiene que “mirar para el lado”, ya sea por corrupción o por negligencia.
-¿Qué incidencia tiene la migración ilegal en este proceso?
Hay varios factores que se combinan, entre ellos los flujos migratorios ilegales. Esto no significa que la migración como fenómeno sea sinónimo de delito, pero es un hecho que hay un riesgo en el ingreso desordenado e indocumentado de personas cuya historia y antecedentes desconocemos. De ello han surgido nuevos modus operandi y niveles de violencia que no habíamos visto antes. Si hablamos de comunas afectadas por delitos asociados al crimen organizado, de las diez primeras, por lo menos ocho están situadas en la frontera. En ese sentido, la permeabilidad de la frontera es la vulnerabilidad número uno que tenemos en el país. La frontera norte es larguísima y muy difícil de controlar. No puedes cerrarla, pero sí es imprescindible tecnología, inteligencia y personal altamente especializado para controlarla.
De acuerdo con la encuesta What worries the world de Ipsos, divulgada en octubre, un 63% de los chilenos apuntan al crimen y la violencia como los temas que más les preocupan. Un número llamativo si lo comparamos con el 59% de México o el 45% de Colombia, países que tienen tasas de homicidio cuatro veces superiores a las nuestras. Asimismo, según el Reporte Global de Seguridad 2025 de Gallup, el 39% de los chilenos no se siente seguro al caminar de noche por la calle.
La necesaria prevención y el no al sistema Bukele
Chile está muy asustado, eso es un hecho. Por algo las campañas electorales han estado tan enfocadas en la lucha contra la delincuencia y el crimen. “Pasa que la seguridad es fundamental para ejercer la libertad. Si tú no puedes salir a tomarte un trago en la noche con un grupo de amigos por temor a ser víctima de un asalto, entonces no eres una persona libre” -dice Pía Greene- “La libertad no puede ejercerse si no hay una sensación mínima de confianza y seguridad. La salud, la educación, la cultura, el trabajo… ninguno puede realizarse si no hay garantías mínimas de seguridad”.
-¿Por qué nuestras políticas públicas no han funcionado para detener el crimen organizado?
Porque se quedaron obsoletas. La ocupación policial, el mapeo y la integración de hot spots ya no son suficientes. El crimen organizado es dinámico, aleatorio, se mueve constantemente en base a objetivos. Son empresas multinacionales del delito, pero en versión moderna. Ya no existe el formato de la banda con una sola cabeza, al estilo de Pablo Escobar, que se podía derrumbar al cortar esa cabeza. Ahora cada banda tiene su propio sistema empresarial, con gerentes de personas, financieros, reclutadores, operadores legales y analistas. Muchos de ellos no saben para quién trabajan y no preguntan tampoco. Pero cortas una cabeza, y aparecen tres nuevas.
-Inteligencia, coordinación, fondos… ¿qué más?
La prevención es clave. Es lo más efectivo en el largo plazo. Precisamente por lo dinámico que es el crimen, las medidas que se tomen van quedando irremediablemente obsoletas en el tiempo. Hay que profundizar el trabajo relacionado con los factores de riesgo que permiten la entrada a las sendas delictuales, formar generaciones fuertes que puedan sortear el crimen. Si no hay prevención, siempre va a haber vulnerabilidad. Está bien trabajar en lo urgente e intentar solucionar el problema de la balacera que está ahora afuera de la casa, pero es imprescindible poner una mirada de largo plazo también.
-¿Replicar modelos contra el crimen que hayan funcionado en otros países podría ser una opción para Chile?
Hay que tener cuidado con eso porque hay muchos modelos en el mundo que pueden sonar muy bonitos y efectivos, pero que no son sostenibles en el largo plazo porque son carísimos. Y no me refiero solo en el aspecto económico, sino también desde el punto de vista de la libertad. Por ejemplo, el modelo de Bukele funciona, sí. El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo y hoy es uno de los más seguros, pero a un costo demasiado grande, con medidas que operan desde una lógica autoritaria, a pocos pasos de una dictadura. ¿Estamos disponibles en Chile para algo así? Yo me niego, creo que Chile no debe ceder libertades. Hay caminos alternativos.
-Sin embargo hay muchas personas dispuestas a entregar libertades con tal de que el Estado les garantice seguridad…
Exacto y eso es una locura. No podemos hipotecar nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestro compromiso con los derechos humanos. La delincuencia ya nos ha quitado muchas libertades, las personas no se atreven a salir solas de noche, hay quienes evitan el transporte público, las mujeres no nos atrevemos a vestir como queremos, la gente está asustada en sus casas, en la escuela, en el trabajo, en todas partes. Hay que parar esto y hay que hacerlo ahora.
-Has sido clara respecto a que el sistema carcelario está en crisis y es un aliciente para el crimen. ¿Qué está pasando dentro de las cárceles?
Hoy el Estado no tiene control sobre las cárceles, es el crimen organizado el que manda en ellas. Los empresarios del crimen que han logrado ser detenidos siguen dirigiendo sus “negocios” desde dentro. A esas personas hay que separarlas, entre ellas y del mundo, es la única forma. Nuestras cárceles están hacinadas y no segmentadas, son escuelas del crimen.
-¿Cómo se frena eso?
Lo primero es que tenemos que reducir la población penal: no todo el mundo tiene que ir a la cárcel, existen otras formas de cumplir pena y hacer reinserción. Y hay que trabajar en un nuevo sistema carcelario. Construir más cárceles, hacer segmentación, reestructurar Gendarmería e intervenir las dinámicas de poder que se dan hoy en las correccionales. Siempre dentro del marco de la democracia y el respeto de los derechos humanos, hay que aislar a las personas que tienen mayor compromiso delictual, que pertenecen a organizaciones criminales, que han cometido actos terroristas o que son líderes criminales. Aislarlos entre ellos y del resto de la población carcelaria. En cuanto a Gendarmería, habría que dividirla en dos: un área de reinserción y rehabilitación y otra de policía penitenciaria. Y darle estatus de policía, junto con Carabineros y PDI. Que dependa del Ministerio de Seguridad, que sea una fuerza de orden armada, con buenas condiciones laborales y de jubilación.
-En ese mismo sentido, ¿sería una buena medida bajar la edad de responsabilidad penal, como han propuesto algunos candidatos?
De ninguna manera. Con el sistema que tenemos hoy, eso significaría que niños de 12 años entren a la misma cárcel que adultos con alto compromiso delictual. El único camino de esos niños ahí sería entrar también en la senda del delito y hacerse parte de organizaciones criminales que les ofrecerían todo lo que no han tenido. Estamos hablando de niños que han sido vulnerados de todas las formas posibles, que no tienen mucho que perder y que buscan, más que nada, pertenecer. Lo que hay que hacer es trabajar en prevención, detener esa cadena de vulnerabilidades. Porque mientras más vulnerabilidades, mayor probabilidad de entrar en la senda delictual.
-¿Qué rescatas en el balance general del actual gobierno en materia de seguridad?
El plan Calle sin Violencia es un buen programa, mejorable, pero del cual rescato especialmente la persecución penal efectiva, que se implementó a través de la creación del ECOH (Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios). Es una gran medida, una política basada en evidencia que implicó mirar el problema desde una óptica más profunda, invertir recursos, actuar con analistas, incorporar a la PDI, a Carabineros, a las fiscalías, todos juntos armando una gran cadena de colaboración. Una buena política pública, a la que obviamente le faltan cosas -todo es perfectible- pero hay que dar el crédito a la Fiscalía y al Ministerio del Interior (hoy de Seguridad) por ese acierto. Ahora bien, el plan Calle sin Violencia tiene también un componente que es el aumento de patrullaje y presencia policial por comunas, pero siempre me pareció mal dirigido. Mi impresión, y lo dije desde el primer minuto, es que el aumento de presencia policial sirve cuando el delito opera con ciertos patrones y ése no es el caso del crimen organizado. Las organizaciones criminales funcionan de manera aleatoria, con objetivos, no son crímenes de oportunidad, por lo tanto no es posible hacer un mapeo comunal.
-Y sobre el programa Lazos, que inició con Bachelet 1, ¿cuál es tu impresión?
Es un buen programa de prevención terciaria, totalmente basado en evidencia, que apoya a familias con adolescentes entre 10 y 17 años para prevenir conductas de riesgo. Funciona con equipos de sicólogos y trabajadores sociales para fortalecer a las familias en áreas de crianza y comunicación, lo que reduce la probabilidad de que esos jóvenes participen en actividades delictivas. La iniciativa se agrandó en Piñera 2 y este gobierno lo continuó, pero lamentablemente no tiene presupuesto suficiente. Y la razón es muy simple: las necesidades son muchas y los recursos, escasos. Y aunque Lazos es muy importante y efectivo a largo plazo, no es lo más urgente.
-¿Qué medidas debería tomar el próximo gobierno? ¿Qué fortalezas y debilidades ves en ambos candidatos presidenciales para gestionar el problema?
Lo primero es dar respaldo a nuestras fuerzas armadas y de orden público. Por supuesto que si un carabinero comete una violación a los derechos humanos, tiene que ser perseguido por la justicia civil como cualquier otro ciudadano, pero es fundamental que nuestras fuerzas de orden tengan el respaldo político necesario para poder accionar con el monopolio de la fuerza que el mismo Estado les ha entregado. Ése es un tema que un gobierno de derecha probablemente podría impulsar mejor, mientras que a uno de izquierda seguramente le sería más difícil, por una suerte de resquemor histórico. Lo segundo es rearmar el sistema carcelario por completo, segmentar reos y reestructurar Gendarmería. Lo tercero, trabajar en una política pública de prevención, con base en evidencia, y foco en reinserción. Y lo cuarto, retomar el trabajo de coordinación inter institucional desde una mirada estratégica a largo plazo. La fortaleza de la derecha es que tiene el sentido de urgencia y ha mostrado su apoyo a las fuerzas de seguridad; la debilidad es que tiene una mirada demasiado puesta en el control y la mano dura, que puede funcionar en el corto plazo, pero no al largo plazo. En cuanto a la izquierda, su fortaleza es que sí tiene una buena mirada respecto de la prevención, pero demasiados resquemores con el control de las fuerzas de orden, lo que le impide manejar la urgencia. Al final la solución no es control total o prevención total: un buen gobierno debe ser capaz de manejar ambas cosas en paralelo.
