La Contraloría General de la República alertó este martes que detectó graves y reiteradas falencias en materia de gestión de la droga incautada en el país, y comprobó variaciones de hasta 32 kilos entre lo informado y lo registrado por los efectivos policiales.
De acuerdo con lo indicado en el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N° 1 de 2025, el documento reúne las observaciones realizadas a partir de fiscalizaciones realizadas por la CGR entre enero de 2023 y julio de 2025, en áreas estratégicas vinculadas también a la seguridad en cárceles, control de armas y procedimientos policiales.
El órgano fiscalizador explicó que en total se realizaron 62 auditorías, 22 de las cuales quedaron en reserva por incluir “información sensible”.
El informe de la CGR sobre las cárceles y control de fronteras
En materia carcelaria, el CRA detectó que “1.279 internos en diversos recintos penitenciaruios recibieron visitas, pese a tener prohibición. Además, 1.539 ciudadanos que ingresaron con restricción de acceso“.
A lo anterior se sumó que en dicho período un total de 479 personas que se identificaron como abogados privados, no pudieron acreditar su profesión.
Además, solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, los cuales presentan múltiples limitaciones técnicas, pues la mayoría son para señal 2G, pese a que en la actualidad la mayoría de los móviles funcionan con tecnología 4G o 5G. Aquello, sin contar con que, pese a la inhibición, se permite la comunicación vía wifi.
También comprobó que “en 70 de 79 establecimientos del sistema cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024“.
Respecto del control de fronteras, la CGR indicó que se detectó que funcionarios desplegados carecían de exámenes médicos y certificaciones requeridas, y no se realizaron todas las visitas a hitos ni patrullajes de soberanía.
“También se constató la ausencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados”, detalló el reporte.
Orden público y control de armas
En cuanto al orden público, las auditorías de la CGR constataron que 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas, y que hubo casos de funcionarios sin examen psicológico o sin certificación para el uso de armamento menos letal.
A la vez, en diversas fiscalizaciones vehiculares, un total de 626 vehículos encargados por robo no fueron recuperados, y 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles, mientras que 869 infracciones que implicaban retiro de vehículos no se concretaron.
Por otra parte, los informes de la CGR apuntan que se identificaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas tanto de la PDI como de Gendarmería.
A ellos se sumó que en la Armada no existe un sistema informático para registrar asignación y devolución de armamento.
Adicionalmente, en la Dirección General de Movilización Nacional se detectaron personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de transferencia.
Contraloría e incautación de droga: diferencias de hasta 32 kilos
En su reporte sobre el ítem de drogas, la Contraloría detalló que las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días.
“Se observaron diferencias de peso entre lo informado y lo registrado, con variaciones de hasta 32 kilos“, precisó la CGR.
Además, hubo retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días, y que “las salas de custodia policial se usan como bodegas sin protocolos, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control”, puntualizó la Contraloría.
Respecto de las acciones derivadas, se instruyeron 3 procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se remitieron 9 informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.
