Este sábado, la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó prisión preventiva para 62 personas y arresto domiciliario total para otras seis en el marco de la llamada Operación Apocalipsis, que indaga una red de corrupción dentro de distintas cárceles del país.
El tribunal acogió todas las medidas cautelares y estableció un plazo de 300 días para la investigación.
Cabe recordar que el pasado jueves, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el 12° Juzgado de Garantía contra gendarmes implicados en la red de corrupción.
La acción legal apunta a 42 funcionarios de Gendarmería y 35 civiles por delitos que incluyen cohecho, soborno, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación de documentos. Los ilícitos habrían ocurrido en recintos penitenciarios de la capital, principalmente en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, en la comuna de Santiago.
Operación Apocalipsis: Ministro Gajardo advierte que corrupción podría afectar resultados
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la Operación Apocalipsis, advirtiendo que “el sistema de inhibición, o todos los avances tecnológicos que hemos podido realizar más escáneres corporales, más máquinas de rayos X, sistema de inhibición y limpieza del perímetro, todo eso puede no tener resultados si es que los funcionarios forman parte de redes de corrupción”.
Según explicó la autoridad, durante los allanamientos en las celdas, los teléfonos celulares incautados a internos eran devueltos o vendidos por los propios funcionarios. “En Santiago 1 tenemos instalado un escáner corporal muy importante, muy moderno, pero pasaban por el lado”, afirmó Gajardo, evidenciando cómo la corrupción interna vulneraba los controles de seguridad.
Frente a esta situación, el Gobierno implementó una estrategia integral de combate a la corrupción, coordinada entre el Ministerio Público, Gendarmería, la Policía de Investigaciones y Carabineros. “Todos aquellos que están cometiendo estos hechos delictivos no pueden ser gendarmes, tienen que estar presos. Son delincuentes, lamentablemente, y eso es lo que se está haciendo de forma sistemática desde el año 2023”, subrayó el ministro.
Gajardo agregó que al asumir la actual administración no existía inhibición de telefonía celular en los recintos penitenciarios, pero actualmente esta medida alcanza al 20% de las personas privadas de libertad en tres establecimientos. “Tenemos una licitación que se está implementando, que va a incorporar nueve establecimientos más que implican el 50% de las personas privadas de libertad del país. Le vamos a entregar al próximo gobierno el 50% de las personas privadas de libertad con inhibición de telefonía celular. Inhibición y gestión”, concluyó.
