El Colegio Médico emitió una declaración pública a raíz de la polémica conocida por la operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Fue el pasado 23 de diciembre cuando la mamá de la secretaria de Estado, Lucía Sanhueza, ingresó de urgencia al Hospital del Salvador por una fractura de cadera. Lo llamativo es que solo 10 horas después ya estaba operada gracias a una decisión administrativa.
Desde el centro de salud aclararon que “la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el Hospital“.
Sin embargo, se denunció que a raíz de la intervención a Sanhueza, un paciente tuvo que esperar para su “reexploración de paciente laparotomizado”. Pero tres días después sufrió un shock séptico y falleció.
A raíz de la polémica que tiene a la ministra Aguilera en el foco de los cuestionamientos, el Colegio Médico señaló que “el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas, basada en criterios clínicos y sanitarios“.
Por lo mismo, “resguardar la confianza de la ciudadanía en dicho sistema es una responsabilidad fundamental y compartida“. Además, mientras no cuenten con los antecedentes técnicos y administrativos sobre lo ocurrido, “no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido”.
Posible filtración
El gremio manifestó también su “profunda preocupación” por la “eventual filtración de antecedentes contenidos en fichas clínicas”. De confirmarse, aseveraron, “se trataría de una situación de máxima gravedad ya que la confidencialidad de la información de salud constituye un derecho fundamental de las y los pacientes, protegido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente”.
Ante esto, solicitaron una “investigación imparcial” para “establecer con claridad cómo se definió la priorización de la cirugía, si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y donde radican las eventuales responsabilidades“. A eso se tiene que sumar el resguardo de los equipos de salud involucrados, los que podrían haber actuado “en contexto de alta presión institucional y cuyas decisiones clínicas no siempre se encuentran bajo su exclusivo control”.
