La Cámara de Diputados aprobó con 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que establece explícitamente la supresión de las asociaciones de funcionarios. Ahora, el proyecto pasará al Senado para su análisis.
El trámite en la Cámara se realizó de manera exprés, dado que el mensaje ingresó el 5 de enero. Esto fue posible gracias al apoyo político transversal con que cuenta la iniciativa. Incluso, el tema fue abordado entre el Presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario, José Antonio Kast.
La aprobación del proyecto que traslada la institución penitenciaria del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública se produjo a pesar de la campaña de dirigentes de diferentes asociaciones de gendarmes, quienes han mostrado resistencia a que la iniciativa avance.
Según los gremios, la reforma no solucionaría los problemas estructurales que enfrenta la institución, como el hacinamiento, la inseguridad y la corrupción.
En qué consiste la reforma a Gendarmería que genera rechazo de gremios y avanza al Senado
“Los gremios no somos el problema. Aquí hay un problema estructural del mando”, comentó a inicios de enero el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), José Carrasco.
Otros dirigentes, en privado, han señalado que disolver los gremios no garantiza nada y que los efectivos quedarían en absoluta indefensión. Para las voces más críticas del mundo sindical de Gendarmería, se debería fortalecer la línea de mando de la institución.
La modificación más relevante que incorpora la reforma, según el mensaje del Ejecutivo, corresponde a la alteración del artículo 101, para integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, bajo dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.
Además, considerando que las labores de reinserción social que hasta ahora realiza Gendarmería pasarán a un nuevo servicio dependiente del Ministerio de Justicia, la reforma contempla dos disposiciones transitorias.
La primera establece un plazo de doce meses desde la publicación de la reforma, para que el Presidente envíe al Congreso un proyecto de ley para crear un servicio especializado en la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Mientras no se dicte esa ley, y únicamente durante el período transitorio, Gendarmería continuará desarrollando esa función, mientras el Ministerio de Justicia mantendrá la prerrogativa sobre políticas, planes y programas de reinserción social que Gendarmería deberá ejecutar.
Asimismo, el mensaje hace referencia explícita al fin de las asociaciones de funcionarios. Se indica que, considerando que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad está excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.296, que regula las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado y prohíbe la pertenencia a organizaciones sindicales, los funcionarios de Gendarmería también estarán sujetos a ese estatuto.
Así, se establece que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería “quedarán disueltas de pleno derecho, debiendo su liquidación efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley bajo la cual se hubieren constituido”.
Desde el gobierno, han destacado que la iniciativa forma parte de un conjunto de reformas legales impulsadas en los últimos años, “orientadas a equiparar progresivamente el tratamiento normativo de Gendarmería de Chile al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
