En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo esta jornada la audiencia de formalización del psiquiatra Alberto Larraín, y de otros cuatro imputados detenidos en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura, donde el Ministerio Público los formalizó por el delito de fraude al fisco consumado.
Larraín fue detenido durante la tarde del viernes, ocasión en la que también fueron aprehendidas María Constanza Gómez, representante legal de la fundación ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la entidad; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM); y Gabriel Prado, contratado por el GORE para contactar a ProCultura y quien sería pareja de Abusleme.
La investigación apunta a esclarecer la transferencia de $1.600 millones desde el GORE Metropolitano a la fundación en 2022, recursos entregados en el marco del plan “Quédate”, un programa de prevención del suicidio.
De acuerdo con la Fiscalía, el contrato suscrito entre ambos carecía de justificación técnica y se habría sustentado únicamente en la cercanía entre Larraín, fundador de ProCultura, y el gobernador metropolitano Claudio Orrego. Asimismo, el organismo persecutor sostiene que la fundación no contaba con las capacidades necesarias para ejecutar un programa de prevención del suicidio de esa magnitud.
En paralelo, el Ministerio Público habría solicitado el desafuero de Orrego, requerimiento que aún no ha sido revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego del traslado de la causa desde Antofagasta.
La formalización por fraude al fisco en el Caso ProCultura
El proceso de formalización es encabezado por el fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Durante un receso de la audiencia, el abogado Cristián Arias, defensor de Alberto Larraín, afirmó que “Alberto Larraín no ha cometido ningún fraude al fisco, eso no tiene sentido“.
Por su parte, Alejandro Alegría, abogado de María Constanza Gómez, señaló que se encuentra coordinándose con el Ministerio Público para acceder a antecedentes que, según indicó, “no forman parte de la carpeta de investigación y que aparentemente van a ser esgrimidos para justificar la prisión preventiva”.
Desde la parte querellante, el abogado Pablo Toloza, quien representa a la UDI, sostuvo que “están los antecedentes suficientes” para solicitar prisión preventiva. “Se reúnen los requisitos del artículo 140 del Código Penal respecto de las medidas cautelares (…). Por tanto, creo que la prisión preventiva es lo que procede y lo que realmente esta parte querellante va a hacer”, señaló.
La audiencia se extendió hasta cerca de las 17:00 horas y se espera que continúe este domingo, instancia en la que podrían definirse dichas medidas. Mientras tanto, Larraín fue trasladado al anexo Capitán Yáber; Abusleme, Magdaleno y Gómez a la cárcel de San Miguel; y Prado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
