La segunda jornada de formalización por el Caso ProCultura estuvo marcado por la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, Mario Valenzuela. A raíz de ello, la Defensoría Penal Pública asumió dicho rol.
Esta situación llevó a que en un minuto se evaluara la posibilidad de suspender la audiencia, lo que finalmente se descartó tras un acuerdo con la imputada.
En conversación con la prensa en el Centro de Justicia, en medio de un receso, Valenzuela explicó que la decisión se tomó por “discrepancias con la familia y con ella“. Esto, luego de que la mujer quedara molesta por haber sido detenida.
“Estaba muy nerviosa y la familia también. La relación entre abogado y cliente siempre es una relación de confianza”, añadió. En ese sentido, a raíz de lo que estaba viviendo, reveló que su ex defendida estaba “débil emocionalmente”.
Tras la renuncia del abogado de María Teresa Abusleme, el Ministerio Público continuó con la exposición de los antecedentes del Caso ProCultura. Ahí, solicitó al tribunal la prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados, entre ellos Alberto Larraín.
Por otro lado, Gabriel Prado, es el único que ya cuenta con una medida cautelar, arresto domiciliario total y arraigo nacional, por su menor grado de participación. Su abogado, Alfonso Prado, señaló que “una vez formalizado y revisada la carpeta se van a poder ver bien los antecedentes”.
En ese sentido, aseveró que su también hermano “derechamente tiene una participación distinta a los ilícitos que investiga el Ministerio Público. Los hechos investigados corresponden al año 2022 y mi representado aparece contratado en 2023“.
