Tras cuatro jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía se negó a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de arraigo nacional para Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, en el marco del Caso ProCultura.
La decisión se suma a lo adoptado para Gabriel Prado, a quien se la decretaron el pasado domingo por el rol que habría tenido en la indagatoria, donde fue contratado por el GORE para contactar a ProCultura para llevar a cabo el programa de prevención del suicidio, Quédate.
El juez Patricio Álvarez decidió inclinarse por el arresto domiciliario contra los imputados, argumentando que el Código Procesal Penal requiere ciertos requisitos en los incisos.
En ese sentido, en su exposición ante el tribunal, la Fiscalía -representada por Cristián Aguilar- no logró acreditar los delitos que se imputaban, presentó antecedentes contradictorios y, además, no comprobó que los imputados tuvieran ánimo y concierto de defraudar al Fisco.
Junto con todo lo anterior, el magistrado sostuvo que ninguno de los presentes era un peligro para la sociedad, por lo que descartó la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público y optó por el arraigo nacional, en el marco del Caso ProCultura.
