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Caso Bruma: capitán, vigía y operador del barco Cobra quedan bajo arraigo nacional y firma quincenal

Adicionalmente, el tribunal dio un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Luego de tres jornadas de audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Coronel dictó este lunes las medidas cautelares contra tres imputados de la embarcación Cobra, que impactó a siete pescadores de la lancha Bruma el 30 de marzo de 2025 cerca de la isla Santa María, en la Región del Biobío.

La Fiscalía Regional del Biobío les imputó a los tripulantes el delito de homicidio culposo y pedía para esta etapa de la investigación la medida cautelar arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Los querellantes, por su lado, solicitaron las mismas medidas pero elevaron el arresto domiciliario a total.

De manera inédita, también se formalizó a la empresa Blumar, la dueña del Cobra, por su presunta responsabilidad legal y jurídica en el accidente. Para la empresa se solicitaba la cautelar de supervisión solicitada.

No obstante, el tribunal acogió parcialmente lo solicitado por la parte querellante y determinó que tanto el capitán Roberto Mansilla como el operador Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval quedaran bajo las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y con prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar. Sobre la compañía, no se dictaron cautelares por no detectarse “graves falencias en el modelo de prevención del delito que impone la ley 20.393 y que estaba vigente cuando ocurrió el accidente”.

El tribunal, además, dio un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación denominada como “caso Bruma”.

El abogado defensor de los tripulantes del Cobra, Alejandro Espinoza, valoró la resolución. “Todas las medidas que tenía tomadas la compañía para prevenir este tipo de accidente, a nuestro entender y así entendemos que las estimó el tribunal, son adecuadas y, por tanto, fue rechazada la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público”, dijo según recogió Biobío.

El abogado querellante, Rafael Poblete, por su parte, mantuvo en suspenso su decisión de apelar a estas medidas cautelares hasta conocer el texto íntegro de la sentencia. Otro de los abogados querellantes, Enrique Hernández, en conversación con TVN no descartó acudir a la Corte de Apelaciones.

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