La Contraloría General de la República revisará la legalidad del oficio enviado por la ministra Trinidad Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI), en medio de la polémica salida de Consuelo Peña como jefa de Inteligencia.
El requerimiento fue presentado por el diputado Raúl Leiva (PS) y busca determinar si la actuación de Steinert se ajustó a derecho, al solicitar información sobre una investigación penal en curso, y está dentro de sus facultades legales como máxima cabeza del Ministerio de Seguridad Pública.
El legislador hace alusión al oficio enviado por la secretaria de Estado para solicitar información en detalles sobre los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá que fueron parte del llamado Caso Clan Chen.
Entre los antecedentes solicitados por Trinidad Steinert estaba la identificación completa de los policías involucrados, sus traslados, sus destinaciones y su carpeta personal.
El diputado Leiva apuntó que habría un exceso en sus atribuciones como ministra de Seguridad Pública, ya que si bien puede pedir informes, hay restricciones en investigaciones en curso y “no se puede requerir información información que afecte el desarrollo de diligencias investigativas ni aquella que exponga datos sensibles o identidades de funcionarios involucrados”.
A esto se suma que la información fue requerida en “bruto” y no en un documento consolidado, y que se pidió a menos de 48 horas de haber asumido como secretaria de Estado, lo que mostraría su conocimiento del caso como ex fiscal regional de Tarapacá y configuraría un eventual conflicto de interés.
Es por esto que el parlamentario pidió a Contraloría determinar si Trinidad Steinert se excedió en sus funciones y si vulneró la Constitución y la ley, junto con instruir procedimientos administrativos para establecer responsabilidades, consignó La Tercera.
