“¿Expulsados por el Gobierno? Ninguno, hasta ahora”. Esa fue la respuesta del presidente José Antonio Kast al ser consultado por el estado de las expulsiones administrativas que ha llevado adelante su administración.
A tres semanas de haber asumido el poder, el mandatario aún no ha logrado poner en marcha su plan de expulsiones comprometido en campaña. La razón, en lo medular, es sencilla: las relaciones con Venezuela, principal país de origen de inmigrantes en situación irregular, están totalmente cortadas.
Sin embargo, los ministros y otras autoridades en la materia ya pusieron el pie en el acelerador para anotar el primer triunfo relevante del Gobierno.
Los caminos que explora La Moneda para endurecer la política migratoria y empezar a concretar las expulsiones son diversos. Pero uno fundamental es retomar las relaciones consulares con Venezuela, país dirigido por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sinceró que la intención del Gobierno es retomar —a lo menos— la relación consular con el país caribeño. Esto, con el fin de abrir un canal que permita concretar expulsión (para quienes tengan orden vigente) o reconducciones para ciudadanos extranjeros en situación irregular.
“Lo primero es tratar de avanzar en recuperar las relaciones, al menos, a nivel consular. Nosotros tenemos una gran cantidad de venezolanos en Chile y es importante que les resolvamos el problema a las personas (…) Para eso necesitamos cooperación. Ese es el primer paso. Ya veremos después cómo se sigue, pero el primer paso es integrarnos y empezar a hacer cosas como las hacíamos antes”, sostuvo el canciller la semana pasada en ICARE.
Una señal importante respecto a la apertura de Venezuela a retomar relaciones diplomáticas fue la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas el martes de esta semana.
Según lo informado por el director de migraciones, Frank Sauerbaum, existen aproximadamente 46 mil personas con órden vigente de expulsión, pero que los recursos disponibles para tal caso son de $4 mil millones. Esa cifra, sólo alcanzaría para concretar el 2% de las expulsiones pendientes.
La otra vía por la que apuesta La Moneda
Ante ese escenario, la estrategia de que los inmigrantes regulares salgan por su cuenta toma relevancia. Pese a que la oposición ha cuestionado la viabilidad de esta medida propuesta por Kast en campaña y reafirmada ya en la presidencia, desde La Moneda aseguran que la intención del Gobierno es generar los “incentivos suficientes” para que quienes hayan entrado por pasos irregulares retornen a sus países de origen por voluntad propia.
“Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que va a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país”, sostuvo ayer el presidente Kast.
Para ese objetivo está pensado el proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara que restringe el acceso a beneficios sociales a quienes hayan ingresado por pasos irregulares.
Dicha iniciativa restringe la postulación y acceso de extranjeros a beneficios con cargo fiscal y se comenzará a solicitar cédula de identidad vigente. En el caso de aportes económicos directos y subsidios habitacionales o de arriendo, se requerirá también la residencia definitiva.
Kast, además, sumó otra medida que no está incluida en el proyecto de ley y que podría dictarse mediante acto administrativo: que el Estado retenga bienes de inmigrantes con óoden de expulsión. “Vamos a expulsar personas y los bienes van a ser retenidos”, sostuvo el jefe de Estado.
En lo institucional también se han acelerado las gestiones. Sauerbaum, al mando del servicio de Migraciones, levantó un nuevo departamento de Fiscalización y Expulsiones que tendrá la misión de ser el enlace entre el Ejecutivo, las policías y otros servicios vinculados a la reconducción de migrantes.
