El episodio ha tensionado al Gobierno de José Antonio Kast en su primer mes de gestión. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, envió el 13 de marzo —a menos de 48 horas de asumir el cargo— un oficio reservado al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, solicitando información detallada sobre los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá que habían participado en la investigación del denominado Clan Chen, causa que la propia Steinert lideró en su etapa como fiscal regional. Días después de que la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, respondió ese requerimiento, fue llamada a retiro: dejaba la institución la tercera en jerarquía de la PDI, la primera mujer en integrar el alto mando, y la oficial a cargo del combate al crimen organizado.
La secuencia de hechos —oficio, respuesta y remoción— instaló una duda que ni el Gobierno del presidente Kast ni el propio director Cerna han podido disipar: ¿hubo intervención política indebida en la conformación del alto mando policial?
La polémica llegó al Congreso y derivó en una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara, a la que Cerna asistió solo, sin respaldo del ministerio, y cuyas respuestas dejaron a varios parlamentarios con más interrogantes que certezas.
Raúl Leiva, jefe de la bancada socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, fue uno de los parlamentarios que protagonizó el intercambio con el director de la PDI. También fue él quien ofició a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del oficio reservado de Steinert. En esta entrevista con EL DÍNAMO, hace un negativo balance de la sesión y del debut de la ministra de Seguridad, y advierte que el gobierno Kast acumula errores en el área que fue el eje central de su campaña.
—¿Le dejó conforme la comparecencia del director Cerna respecto a la salida de Consuelo Peña de la PDI?
—Contestó lo que podía contestar, conforme al marco normativo, pero hay que poner en contexto tres situaciones que me parecen complejas. Primero, compareció solo: se le atribuyó toda la responsabilidad al director general por un cuestionamiento que es claramente político, y acudió a la Comisión de Seguridad sin ningún funcionario del Ministerio. Me parece del todo injusto.
Segundo, existen muchas críticas desde el oficialismo por haber citado al director a esta instancia de fiscalización; sin embargo, ese acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, que van desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Entonces, eso no tiene fundamento.
Y tercero, el director plantea lo que corresponde desde el punto de vista formal: quien da curso al retiro es la PDI, porque la ley así lo establece. Sin embargo, cuando el diputado Araya le pregunta si hubo alguna reunión con la ministra, si ella habría solicitado u orientado la decisión —usando todos los sinónimos posibles—, Cerna se limita a señalar que esas conversaciones son privadas y que no las puede revelar.
—¿No queda despejada entonces la eventual intervención de la ministra en la remoción de Peña?
—Los hechos generan una legítima duda respecto a una intervención política en la conformación del alto mando institucional. ¿Por qué? Primero, a dos días de asumir, Steinert envía un oficio reservado solicitando antecedentes sobre una investigación judicial en curso vinculada al “Clan Chen”, individualizando a los funcionarios que participaron en esas diligencias, requiriendo el fundamento de sus traslados y sus antecedentes penales y administrativos. Eso, de entrada, llama la atención. Y el otro elemento que no encaja con el relato formal del director es que Consuelo Peña era la tercera más importante de la institución, a cargo justamente de la prioridad institucional que es la investigación al crimen organizado, y se le cursó un retiro sin ninguna razón conocida que la vincule a ninguna irregularidad. Eso abona la posibilidad de que haya existido una transgresión, no solo a la normativa, sino a la debida separación que debe existir entre el Ministerio de Seguridad —en tanto órgano político— y la conducción del alto mando policial.
—Pero Cerna dejó en claro que la decisión fue de él, más allá de no entregar sus fundamentos para llamar a retiro a Peña.
—Lo que sucede es que todas estas circunstancias generan esa duda, más los reportajes que dan cuenta de las problemáticas internas de la institución, entre ellos el del periodista Nicolás Sepúlveda, respecto a que funcionarios dados de baja forman parte del círculo más cercano de la ministra.
Hay que recordar, además, que los dos últimos directores de la PDI han tenido procesos judiciales complejos. Uno de ellos está condenado a 17 años de cárcel. La labor del director Cerna no es simple, y pareciera que desde el Gobierno no le están ayudando.
—Usted menciona que Cerna estuvo en un pie forzado: difícilmente podría contradecir públicamente a la ministra, su jefa directa, ni tampoco al Presidente, que respaldó la decisión. ¿Eso explica sus silencios?
—Lo que planteo es que la situación fue injusta con Cerna: se le generó un pie forzado al acudir solo, sin ningún respaldo político, ante una comisión que ejerce su labor de fiscalización. Se le dejó a su suerte y él contestó lo que tenía que contestar, porque no puede contradecir públicamente a su jefa directa. Tampoco puede contradecir al presidente, quien cometió, a mi juicio, un error político grave al validar una decisión que todavía no está clarificada. Ese apoyo presidencial no correspondía, porque invade una esfera de discusión que no le incumbe y respecto a la cual el Presidente debe mantener distancia.
—¿Cree que hay antecedentes que el Congreso y la opinión pública aún no conocen sobre este caso?
—Comparto esa aseveración. Si bien en lo formal se cumple con lo normativo y reglamentario, hay algo que no tiene respuesta: ¿cuáles son los fundamentos para retirar a la tercera jerarquía de la PDI, que fue ratificada en diciembre y que tres meses después, al asumir el nuevo gobierno, fue dada de baja? Estamos hablando de una de las personas con más conocimiento en Chile en materia de crimen organizado. Eso merece una respuesta, y esa respuesta no le corresponde darla al director general, sino al brazo político: la ministra Steinert.
—¿Dónde buscarán esas respuestas?
—Lo que hice fue ejercer la fiscalización a través de los cauces normativos. Uno fue esta instancia. Otro fue el oficio a la Contraloría, que ya solicitó un informe tanto al ministerio como a la PDI. Y entiendo que hay diputadas y diputados que están analizando otras líneas de fiscalización que contempla la ley: la interpelación de la ministra o la conformación de una comisión especial investigadora.
—En caso de que la Contraloría detectara alguna irregularidad, ¿en qué pie quedaría la ministra?
— Si la Contraloría determina que el oficio se extralimitó en sus atribuciones, debilitaría aún más al ministerio más relevante para la agenda ciudadana de este gobierno. La evaluación de las consecuencias políticas le correspondería al Presidente de la República.
——¿Cree que este episodio dice algo sobre cómo el Gobierno entiende la autonomía de las policías?
—Creo que se traspasan líneas importantes en dos aspectos. Uno es el conocimiento que tiene la ministra en su calidad de exfiscal que no puede ser utilizada para solicitar antecedentes o tomar decisiones en el Ministerio de Seguridad respecto a investigaciones en curso, precisamente por su carácter reservado. No se puede hacer, y eso puede ser materia de cuestionamiento por parte de la Contraloría.
El otro aspecto es el que mencioné antes: que funcionarios dados de baja de la institución formen parte del círculo más cercano de la ministra puede configurar, eventualmente, algún conflicto de interés. La ministra se ha limitado a señalar que actúa en el marco de sus atribuciones. Eso es insuficiente. Se requiere una respuesta más clara y más completa.
—Más allá de este episodio, ¿cómo evalúa el arranque del Gobierno en seguridad?
—Este Gobierno, que se autodenominó de emergencia en materia de seguridad, no ha implementado ninguna política pública nueva ni ha presentado ningún proyecto de ley en la materia. La comparecencia de la ministra y del subsecretario Jouannet en la Comisión fue para dar cuenta de un recorte del 3% al Ministerio de Seguridad y a las policías, del cual después tuvieron que retroceder. Generan el problema y luego lo presentan como solución. Pero no existe una sola medida aplicada efectivamente al combate o la prevención del crimen.
Y si a eso se suma la debilidad con que debuta la ministra en un tema que ha sido cuestionado no solo por la oposición —lo cual sería natural en nuestro ejercicio de fiscalización—, sino también por parlamentarios oficialistas que exigen claridad, eso es muy grave.
—¿Ve improvisación?
—Es que ni siquiera hay improvisación, porque no ha habido ninguna medida concreta que uno pueda evaluar negativamente o cuestionar. El nivel de promesas durante la campaña es directamente proporcional a la frustración que genera ver que se ha anunciado ninguna política pública a implementar, ni menos un nuevo proyecto de ley que aborde la problemática de seguridad. Eso es gravísimo.
