Este lunes inició la formalización del ex diputado Joaquín Lavín León, a quien se le imputan los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos.
Este proceso continuará este martes y se estima que se extienda por una jornada más. Una vez que finalice, el el juez Daniel Urrutia tomará una decisión sobre las cautelares que soliciten las partes querellantes: fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.
En la audiencia que tuvo lugar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, detalló los hechos por los cuales se acusa al ex parlamentario de defraudar al Fisco en al menos $104 millones.
La investigación abarca hechos que se remontan desde 2015, donde se incluye la rendición de facturas ideológicamente falsas, la adulteración de documentos tributarios y el financiamiento de actividades políticas con recursos públicos destinados exclusivamente a su función como legislador.
Formalización: Las acusaciones contra Joaquín Lavín León
Uno de los ejes de la indagatoria que lleva adelante el ente persecutor tiene que ver con la facturas falsas para justificar gastos operacionales ante el Congreso, donde apuntan que el ex parlamentario junto a sus asesores, habría gestionado la emisión de documentos con glosas como “cuenta pública” para simular servicios ligados a su labor legislativa, cuando en realidad correspondían a gastos de campañas políticas.
En este marco, serían al menos 14 facturas ideológicamente falsas, junto a otras cinco adulteradas y una anulada. Todo esto se habría usado para recibir reembolsos por más de $12 millones.
Por otro lado, la fiscal hizo alusión al presunto uso de recursos públicos para financiar actividades electorales. En concreto, el esposo de Cathy Barriga habría hecho uso de asignaciones parlamentarias para pagar deudas de campañas políticas.
Dentro de la minuta de fiscalía también se hace mención a una plataforma digital denominada “SocialTazk”, que impulsó con el ex asesor Felipe Andrés Vázquez Diéguez, cuya herramienta se diseñó para gestionar bases de datos de electores y enviar mensajería masiva con fines políticos.
Dicho proyecto habría sido financiado con recursos del Congreso, lo que habría permitido obtener más de $90 millones en pagos por servicios. Lo anterior, a pesar de que no estaban relacionados con la función legislativa.
Sumado a ello, se acusa que funcionarios contratados con fondos públicos habrían destinado su jornada laboral a tareas vinculadas con campañas.
Por otro lado, la indagatoria también incluye un presunto tráfico de influencias en el Municipio de Maipú, donde Lavín habría intervenido en contrataciones y despidos.
“Implementó un sistema de elaboración, circulación y ejecución del listado de funcionarios de la administración anterior, destinados a su desvinculación por razones de carácter político”, afirmó la fiscal regional, Lorena Parra.
“Investigación sesgada”
Tras la primera jornada de formalización, el abogado defensor, Cristóbal Bonacic calificó la causa como “una investigación sesgada”. “Nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y por lo tanto que se justifica una medida cautelar que implique un arresto“, expresó.
“Del año 2019 al 2026 no todos los años hay campaña por lo tanto claramente esa aplicación tiene utilización específica para trabajo parlamentario y el Ministerio Público ha tratado de tergiversar precisamente para darle un fundamento a la imputación que está haciendo”, añadió.
En tanto, Joaquín Lavín expuso: “El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos. Y espero que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia”.
Por su parte, el abogado querellante del municipio, José Pedro Silva, confirmó que pedirán prisión preventiva: “Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico“.
