La Contraloría General de la República se pronunció sobre el caso del empresario argentino Jorge Becerra, quien compró hace casi una década terreno fronterizo en Futaleufú. El episodio causó controversia debido a que la ley prohíbe, salvo autorización especial, a los nacionales de países limítrofes adquirir bienes raíces situados total o parcialmente en las zonas del territorio nacional declaradas como fronterizas, por razones de interés nacional.
Debido a que el caso estaba pronto a prescribir, la situación incluso escaló al Consejo de Defensa del Estado. Fue el senador Fidel Espinoza (PS) quien a inicios de mayo recurrió a este órgano para que tomara cartas en el asunto. Lo mismo hizo el presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, Enrique Lee (IND), a fines de abril.
Las partes en cuestión son el empresario chileno Antonio Carracedo, quien hace diez años vendió 260 hectáreas de Futaleufú a tres ciudadanos que tenían nacionalidad española e italiana además de la argentina -que fue omitida en el trámite de la notaría- y el empresario argentino Jorge Becerra, uno de los integrantes del directorio de BCI, según recoge The Clinic.
La respuesta de Contraloría
La institución comandada por Dorothy Pérez, tras solicitar antecedentes al Conservador de Bienes Raíces de Futaleufú, determinó que el 50% de la propiedad de estos terrenos recaía en Rumbo Sur SPA y la otra mitad a Inversiones Talavera.
Es la composición de la primera sociedad lo que causó controversia. Según reveló Ex-Ante, el abogado de Rumbo Sur, Gustavo Ortiz, declaró que el capital y el control de esta empresa no estaban en manos de ciudadanos de países limítrofes.
No obstante, la Contraloría descubrió lo contrario, tras recabar antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos. Becerra era argentino. Aunque, su participación en la sociedad es del 16%, y la de otra integrante con nacionalidad argentina y española, María del Carmen Taschetti, es de la misma envergadura. Ambas suman el 32% y por ende se encuentran dentro del límite permitido por ley, vale decir, que la participación sea menor al 40% en caso de ciudadanos de países limítrofes.
Lo controversial, a ojos de la Contraloría, está en la declaración del abogado. Por lo tanto, remitió estos antecedentes al Ministerio Público. Lo mismo hizo con la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. “Sin perjuicio de lo ya concluido para el caso denunciado, y ante el eventual riesgo de que ciudadanos de países extranjeros limítrofes, con más de una nacionalidad, omitan informar aquella que configure la prohibición descrita, se remite copia de este oficio (…) a efectos de que, dentro sus respectivas atribuciones, dispongan los controles necesarios para el cabal cumplimiento de las normas en estas materias”, recordó el ente fiscalizador.
