La pronta prescripción -en mayo- de la denuncia contra un ciudadano argentino que compró más de 200 hectáreas en una zona fronteriza en la Región de Los Lagos motivó al senador Fidel Espinoza (PS) a recurrir al Consejo de Defensa del Estado el pasado lunes.
Según recuerda el parlamentario, la Ley 1.939 -promulgada en 1977, en momentos de tensión entre ambos países por la soberanía de islas australes- en su artículo 7° prohíbe, salvo autorización especial, a los nacionales de países limítrofes adquirir bienes raíces situados total o parcialmente en las zonas del territorio nacional declaradas como fronterizas, por razones de interés nacional.
“Es un argentino que vino a este país a comprar nuestras tierras, en un lugar donde no las puede comprar un ciudadano argentino y ocultando su verdadera nacionalidad”, acusó el senador. Junto con instar al CDE y a la Dirección de Fronteras y Límites a tomar cartas en el asunto, Espinoza acotó que “ya se ha paralizado la prescripción” y que “fueron notificadas las partes respectivas”.
Las partes en cuestión son el empresario chileno Antonio Carracedo, quien hace diez años vendió 260 hectáreas de Futaleufú a tres ciudadanos que tenían nacionalidad española e italiana además de la argentina -que fue omitida en el trámite de la notaría- y el empresario argentino Jorge Becerra, uno de los integrantes del directorio de BCI, según recoge The Clinic.
Los asuntos pendientes
Como es habitual en los países limítrofes, Chile y Argentina arrastran desde sus respectivos procesos de independencia disputas territoriales, especialmente en la zona austral. Sin embargo, a lo largo de su historia en común, varias de esas disputas han sido resueltas mediante tratados limítrofes y de amistad.
Pese a ello, según recoge un artículo de DW, hay espacios de opacidad en algunos de los tratados: la delimitación exacta de una zona comprendida entre Fitz Roy y Cerro Murallón en los Campos de Hielo Sur y la fractura de Shackleton en la que se superponen las soberanías de ambos países en la plataforma continental, en el Paso de Drake.
“No sé qué pasaría si en ese lecho marino aparece petróleo. Se podría generar una parálisis legal hasta que se defina la titularidad del suelo”, reconoció la académica de la Universidad Católica de Buenos Aires María Lourdes Puente al citado medio.
Tensiones modernas
Con todo, de tanto en tanto -y al menos en los últimos cinco años- episodios de índole política han reflotado viejas tensiones como el supuesto ingreso de aviones de combate desde Chile a espacio aéreo argentino que fue denunciado por autoridades de ese país en agosto de 2022.
En junio de 2024, el entonces presidente Gabriel Boric advertía, a propósito de la instalación de paneles solares argentinos en territorio chileno: “Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades. Es un principio básico del respeto entre países, y por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros”.
Más recientemente, esta vez bajo el Gobierno de José Antonio Kast causó revuelo entre los parlamentarios que Chile suscribiera a principios de abril una declaración conjunta con Argentina en la que reconocía al vecino país la soberanía sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, pues tal reconocimiento podría causar problemas limítrofes, lo que fue descartado por el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna.
Ese mismo mes, las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, Hernán Montero, sobre que la boca del Estrecho de Magallanes era argentina cuando los tratados limítrofes suscritos por ambos países dicen los contrario, también obligó a las autoridades chilenas a reafirmar lo escrito en el papel.
Expertos desdramatizan tensiones
“Ninguno de estos episodios es relevante en la relación bilateral. La relación entre los dos países es tan estrecha y tan variada, que estas son pequeñas cosas donde hay 5.300 kilómetros de frontera”, se apresura a aclarar en conversación con EL DÍNAMO el exembajador de Chile en Argentina José Antonio Viera-Gallo.
“El 40% del gas de Santiago viene de Argentina, por decir algo. Tenemos en el futuro un desarrollo minero que debería ser compartido. Hay colaboración en la Antártida, un patrullaje conjunto”, destaca.
Respecto de las reclamaciones territoriales en la Antártica -entre las que hay zonas superpuestas entre Chile, Argentina y Reino Unido- Viera-Gallo recuerda la existencia del Tratado Antártico que anula las disputas en esa zona. Aunque advierte: “El riesgo no es a futuro, es ahora mismo, porque cualquier país grande, con la crisis que vive el derecho internacional, puede desconocer el tratado. Por eso es importante defenderlo. El mayor interés de los dos países es tener una posición que mantenga el estatus internacional que tiene la Antártida y que no se produzca un caos como en el Ártico, donde se desatan los intereses políticos y económicos de las grandes empresas y potencias”.
El exdiplomático y académico de la Universidad Central Samuel Fernández coincide en que las reclamaciones superpuestas en esta zona están congeladas gracias al Tratado Antártico, pero disiente con la hipótesis de que la crisis del derecho internacional suponga un riesgo. “El derecho internacional se cumple en una proporción enorme, permanente, en todos los organismos internacionales, en Naciones Unidas y en todas las materias. Lo único que no está funcionando en algunos casos es el sistema de mantenimiento de paz y seguridad internacional, por las distintas posturas de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, reflexiona.
Las zonas superpuestas en la plataforma continental
En conversación con este medio, el analista internacional argentino y doctor en Ciencias Económicas, Alberto Ruskolekier afirma que “Argentina y Chile tienen una relación estable y cooperativa, con todos los conflictos territoriales resueltos”. Sin embargo, reconoce que “siguen habiendo temas sensibles o latentes que a veces pueden generar roces. El punto más delicado en los últimos años fue el tema de la plataforma continental”.
“Argentina amplió el reclamo ante la ONU. Chile también hizo lo propio en otras áreas cercanas. Y esto generó una superposición, a veces, en zonas al sur de Tierra del Fuego, cerca del mar de Drake. Pero hay que saber que hay un Tratado de Paz y Amistad de 1984, en el cual ambos países se comprometieron a resolver, por vía pacífica, absolutamente todo. Entonces, puede haber temas técnicos pendientes, pero en general, hay una relación general, cooperativa y estable”, añade el experto.
Respecto de las cuestiones limítrofes en esa zona, Viera-Gallo apunta: “Eso ocurre en muchas partes. Eso pasa en el sudeste asiático, pasa en el mediterráneo y existen pretensiones de países limítrofes al extender su plataforma y bueno, cuando haya que resolver eso, se resolverá”.
El académico y exembajador Samuel Fernández señala a este medio que este asunto tendrá que ser resuelto por el Tribunal de Fondos Marinos y Oceánicos de Naciones Unidas. “Está previsto que se pronuncie en algún momento, pero las partes acordaron hace tiempo que esto se mantiene por ahora en suspenso y que dependerá más adelante si acaso hay una decisión de ese tribunal, pero es algo muy pequeño que todavía está por definirse”.
Cuánto influye la afinidad entre gobiernos
La primera visita internacional del presidente José Antonio Kast en el cargo fue precisamente a Argentina. Conocida era entonces la mayor afinidad ideológica que el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, sentía con el mandatario entrante, en comparación con la administración anterior.
Sin embargo, de igual manera se dio el episodio anteriormente citado sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Para explicar este episodio, Ruskolekier hace hincapié en que en el pasado “Argentina tenía bases para disputar o reclamar soberanía sobre parte del área del sur austral, incluyendo el acceso al Estrecho de Magallanes, pero después optó por una negociación para priorizar otros objetivos”.
De todas maneras, el experto argentino recalca que “esto no cambia la situación jurídica vigente que está basada en el Tratado de Límites de 1881”.
Para Samuel Fernández este episodio demuestra que la afinidad entre ambos gobiernos no necesariamente da garantías de que situaciones como esta no se repitan o sucedan cada vez menos. “Nunca faltan aquellos que buscan algún tipo de controversia donde no las hay. Por el momento está todo bajo absoluta buena relación, mucha afinidad, mucho más de la que había antes, en esta actual administración”, dice.
“No creo que influya, porque son cosas que a veces son muy puntuales o responden a visiones a veces de nacionalismo extremo de un determinado grupo en un lado o en otro. Eso siempre va a existir, pero lo fundamental no es poner atención en eso, sino que poner atención en la relación, digamos, estrecha que hay entre ambos países más allá de las orientaciones de sus gobiernos”, zanja Viera-Gallo.
