Un accidentado arranque ha tenido la comisión investigadora de los actos de Gobierno para prevenir y contener la violencia desde el inicio del estallido social el 18 de octubre de 2019 y hasta el 11 de marzo de 2026. En las tres sesiones celebradas hasta la fecha —una cuarta tuvo que ser suspendida— ninguno de los invitados ha asistido.
En dos oportunidades, la mitad o menos de los diputados integrantes se ha hecho presente y algunos de ellos han dicho que el horario, a las 08.30 horas del día martes, suele dificultar la asistencia de los legisladores y de los invitados.
Sin embargo, la próxima sesión a realizarse el 23 de junio ya cuenta con un invitado de perfil público: el ministro de Seguridad Martín Arrau, quien originalmente había sido requerido para la sesión de esta jornada, pero se excusó por temas de agenda.
La comisión tiene por mandato reunir información sobre la prevención y control de la violencia que haya sido perpetrada o instigada por “personas, grupos armados, barras bravas, agrupaciones sociales, agrupaciones de estudiantes, ongs, activistas”. En ese contexto, según pudo conocer EL DÍNAMO, se espera que Arrau entregue antecedentes reunidos por las policías sobre hechos ocurridos en el estallido, e incluso los meses siguientes que incluyen los Gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast.
La ausencia de Chadwick
Para la sesión que se celebró esta mañana, varios invitados entregaron sus excusas, entre ellos el propio Arrau. Entre quienes se excusaron estuvo, por ejemplo, la contralora Dorothy Pérez quien, sin embargo, se comprometió a recopilar los antecedentes a nivel central y regional y luego enviarlos por escrito.
El exministro del Interior, Andrés Chadwick, que fue acusado constitucionalmente durante ese periodo y que se ha mantenido un perfil menos público luego de que el libelo fuese aprobado, también era uno de los invitados.
“Lamentablemente no podré concurrir debido a que no estoy participando actualmente en ninguna actividad pública y junto a ello, los hechos que motivan esta Comisión, y que han sido muy relevantes para el país, son parte de una investigación del Ministerio Público aún en desarrollo y en la cual he participado y declarado en distintas oportunidades”, dijo por escrito.
Los oficios de Marowski
El presidente de la comisión, Hans Marowski (PNL), en vista de la inasistencia de los invitados solicitó enviar una serie de oficios a los ministerios de Defensa, Educación, Seguridad, Interior y Hacienda. Fue la información solicitada a la ministra María Paz Arzola (IND), la que desató cuestionamientos del diputado Marcos Barraza (PC), quien estaba reemplazando a su compañera de bancada Daniela Serrano.
Al Mineduc se le consultó si tenía información sobre coordinaciones estudiantiles con ocasión de la paralización del Metro, informes sobre la cantidad de alumnos asociados y los que estaban bajo acciones judiciales y “el conocimiento que se tiene sobre la radicalización política que se vive dentro de establecimientos educacionales y los grupos que están detrás de estas radicalizaciones, ya sea mediante financiación o entrega de logística para la comisión de ilícitos”.
“No creo que sea ámbito de competencia de la ministra de Educación referirse a las materias en cuestión. Pero si se quiere exponer a la ministra no voy a objetarlo”, sostuvo Barraza. “La ministra informará lo que es capaz de informar según sus competencias”, zanjó Marowski,
Otros oficios solicitados por el diputado incluyen reportes de Defensa sobre la detección de agentes o actividades de infiltración que hayan afectado la seguridad nacional entre 2019 y 2026, además de una una evaluación de coordinación interministerial y su eficacia en la contención de hechos de violencia en este mismo periodo. También se solicitó al Ministerio de Seguridad antecedentes sobre la situación de inteligencia respecto a infiltración en instituciones públicas, y la posibilidad de actividades digitales sospechosas sobre desinformación, bots y fake news.
Los próximos invitados y el intento frustrado de citar a Zaliasnik
En general, en la sesión hubo acuerdo para citar a varias exautoridades como a Felipe Alessandri (RN) y a Evelyn Matthei (UDI), exalcaldes de Santiago y Providencia, respectivamente, así como a los directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, a representantes de liceos emblemáticos y a la actual alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.
Sin embargo, el invitado de disenso fue el propuesto por el diputado Jaime Araya (IND-PPD). El legislador pidió citar al actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. “Habría propuesto cortar internet, hacer seguimiento no autorizado por vía judicial, intervenciones telefónicas respecto de personas determinadas y temas relativos a probidad muy importantes de esclarecer”, argumentó Araya en alusión a las conversaciones del aludido con el abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios, reveladas por Reportea.
Como no hubo quórum para invitar al embajador, la petición fue rechazada. Araya, mediante un video en sus redes sociales, criticó esta decisión. “¿A qué le tienen miedo. El embajador aparece vinculado a hechos de corrupción. Quisimos que viniera acá a aclararlo y nos dijeron que no (…) ¿Por qué siguen protegiendo la corrupción?”, apuntó Araya horas después.
