Era uno de los compromisos de campaña del Gobierno y uno de los anuncios de la cuenta pública y se concretó este lunes: el ingreso de indicaciones al proyecto de ley de sala cuna universal para destrabar su tramitación en el Congreso.
En una ceremonia celebrada en La Moneda, el presidente José Antonio Kast reconoció que la iniciativa va “más allá de un sector político”, pero que su viabilidad depende de “un trabajo acucioso, porque muchas veces por el apuro, por sacar adelante un proyecto de ley, se firma algo que después no tiene los medios para poder sostenerlo”.
Según transmitió el Gobierno, la indicación sustitutiva que presentaron hoy propone cuatro cambios. El primero de ellos elimina el requisito de que a partir de la contratación de una vigésima trabajadora en una empresa, el empleador deba garantizar el acceso a sala cuna. Con esta modificación, desde la primera contratación se debe contar con este espacio de cuidado infantil.
La segunda de ellas intenta que ambos padres compartan esa responsabilidad al incluir a hombres u otros cuidadores dentro de los beneficiarios. La tercera y la cuarta propuesta del Ejecutivo contempla que los trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular accedan a la sala cuna, respectivamente. Las incorporaciones, de ser aprobadas, se implementarían de forma gradual en un periodo de cuatro años.
El financiamiento
Una de las principales críticas del actual oficialismo al proyecto era una supuesta falta de sostenibilidad financiera. Por ende, el Ejecutivo propuso crear un fondo especial que, según transmiten, no implica un alza de los costos laborales de los empleadores.
En el caso de los trabajadores dependientes el fondo se financiará mediante una cotización de cargo del empleador de 0,35% y para trabajadores independientes de la misma manera que los demás seguros sociales. En el primer caso, según el Gobierno, esa cotización se compensará “en igual magnitud con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía. Con este modelo, no hay un nuevo impuesto al trabajo, evitándose el alza en los costos laborales de las empresas”.
También contempla un aporte fiscal de cerca de $10 mil millones en los dos años posteriores a la publicación de la ley y el pago de la diferencia en caso de que los recursos del fondo no sean los requeridos.
