La imposibilidad de evaluar los resultados de buena parte de los programas que requieren gasto público y una serie de ineficiencias administrativas son parte de los hallazgos del último informe del centro de estudios Democracia y Progreso.
El documento, al que EL DÍNAMO tuvo acceso, es la tercera entrega de un detallado análisis al desempeño de programas gubernamentales. Con datos del sistema de monitoreo de la Subsecretaría de Evaluación Social y la DIPRES, se determinó que el 61,5% del gasto público —poco más de 24 billones de pesos— no puede evaluarse en términos de resultados.
Del universo de 677 programas públicos —cuyo gasto es de 39,100 billones—, casi la mitad (48,6%) tiene indicadores de propósito que no son pertinentes, están mal formulados, no son comparables entre 2024 y 2025 o no reportan su valor. Este problema se concentra especialmente en programas de alto presupuesto: el 87,2% del monto afectado corresponde a 26 programas del decil superior de gasto. Entre estos programas, por ejemplo, se encuentra el Fondo Solidario de Vivienda ($1,54 billones) y el Crédito con Aval del Estado ($872.337 millones).
“Es el problema más grave. El país hace un esfuerzo para destinar recursos y abordar un problema público, pero no sabemos si lo está resolviendo, y tampoco si los resultados son los esperados. Existe aquí un problema grave de gestión que resultaría inaceptable en cualquier organización”, advierte en conversación con este medio el director ejecutivo de Democracia y Progreso, Luis Felipe Cristi.
La fragmentación ministerial
El informe advierte una generalizada fragmentación ministerial: 23 de los 45 problemas públicos identificados son abordados por tres o más ministerios de forma simultánea. También que “catorce núcleos de alta densidad concentran 316 programas y $5,2 billones en gasto ejecutado, varios de ellos sin un ministerio rector claramente identificable”.
El costo administrativo agregado de esos núcleos asciende a $138.923 millones. A juicio de Cristi, este indicador revela que existe un amplio margen de mejora. “Solo por centralizar su ejecución podrían lograrse ahorros significativos; un cálculo conservador sugiere un piso de USD 80 millones”, apunta.
“La mediana de gasto administrativo por programa es de 7,2% de lo que ejecutan. Pero 75 programas superan el 20%. Estos ejecutan USD 572 millones y gastan USD 160 millones solo en administración. Llevarlos a la mediana del sistema implicaría un ahorro de USD 119 millones“, añade.
Un análisis a la distribución del gasto entre ministerios reveló que tres de ellos —Educación, Trabajo y Vivienda— absorben el 78,5% del total ejecutado y que el resto se distribuye entre los 20 ministerios restantes, ninguno de los cuales supera individualmente el 5,6% del total. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el que presenta mayor número de programas (111), pero ejecuta solo el 2,9% del gasto total ($1,1 billones).
Información opaca y bajo uso del RSH
Otro hallazgo de carácter generalizado es la calidad deficiente de la información del sistema, que es reconocida por el 86,3% de los programas públicos, principalmente en áreas relacionadas con el presupuesto, indicadores y población. Del total de programas analizados, seis no contienen información presupuestaria básica y dos que permanecen activos en el sistema tienen un gasto ejecutado de $0.
“El cruce histórico entre las bases 2024 y 2025 identifica un núcleo acotado pero relevante de persistencia de mal desempeño: 13 programas, con un gasto de $398.668 millones, fallaron en 2024 y mantienen, bajo la regla unificada de evaluación, tres o más dimensiones deficientes en 2025″, advierte el estudio que, además, sugiere que podrían diseñarse correcciones que no impliquen una intervención masiva del sistema.
Por otra parte, también se observa baja capacidad para llegar a la población objetivo. “La mediana de cobertura efectiva del sistema es de 22,9%, y 344 programas (50,8% del sistema) atienden a menos de un cuarto de su propia población objetivo, concentrando $5,97 billones de gasto ejecutado“, se lee en el documento. La base de monitoreo, en tanto, no permite establecer si esa brecha responde a restricciones presupuestarias, baja demanda o criterios de priorización que reducen el universo atendible.
En el otro extremo, se identificaron 27 programas cuya cobertura es superior al 100%, “lo que constituye un riesgo de filtración o de inconsistencia en la definición de la población objetivo”. También se detectó que solo el 20,6% de los programas de oferta social declara utilizar el Registro Social de Hogares como instrumento de focalización y que el 70,3% del gasto social del sistema —$12,46 billones— se ejecuta sin esa validación.
La ventana para optimizar el gasto
Otro de los hallazgos guarda relación con la tercerización del Estado. Según el informe, este proceso —equivalente a $7,78 billones, cerca del 20% del gasto del sistema— “no encarece en promedio la gestión, salvo en el segmento de organismos privados con fines de lucro, que combinan el mayor costo administrativo relativo del sistema con la menor trazabilidad directa para el Estado”.
Para el director ejecutivo de Democracia y Progreso, se puede abrir un espacio para abordar los aspectos deficientes que identificó el estudio. “Se pueden adoptar decisiones rápidas aprovechando el inicio de la discusión del Presupuesto 2027. El propio Ejecutivo, o en su defecto, el proceso presupuestario que se inicia, debiera actuar sobre los programas que fallan de manera persistente: 13 programas, con un gasto de USD 419 millones, arrastran fallas críticas en el monitoreo durante dos años consecutivos”, acota.
“Es imprescindible cerrar la brecha entre la evidencia y la acción. Este informe entrega las razones que justifican la creación de la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas. Junto con un análisis ‘quirúrgico’ del gasto, se requiere autonomía y transparencia para exigir y sancionar la calidad del reporte, con un mandato claro para impulsar el uso eficiente de los recursos públicos”, insta Cristi.
También el ingeniero comercial sitúa la mirada en las instituciones públicas. “No se abordan en este documento, pero es otro elemento que requiere análisis. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud, una institución que gasta más del 75% de su presupuesto en sueldos administrativos. Su presupuesto ha crecido por sobre el IPC. Cada beneficiario cuesta al menos $283 mil, incluyendo los contactos por chat, según datos de 2024″, alerta.
