La Megarreforma está a una votación de convertirse en ley. Si la Cámara de Diputados ratifica el martes los cambios introducidos por el Senado, el Gobierno logrará cerrar la tramitación de su principal apuesta económica sin pasar por una comisión mixta.
Ese triunfo, sin embargo, tendrá tiempo de descuento: en paralelo, la oposición ya reunió las firmas y coordinó la estrategia legal para llevar el proyecto al Tribunal Constitucional (TC).
Antes de eso, el Gobierno deberá sortear el primer obstáculo en la Sala de la Cámara, donde el tercer trámite se resolverá con una aritmética conocida: el proyecto necesita 78 votos y el oficialismo suma 68, a los que se agregan los ocho del Partido Nacional Libertario, por lo que los dos faltantes deben salir de la bancada del PDG.
El objetivo de La Moneda —tarea que encabezan el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a sus pares de Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García— es despachar el proyecto antes de la semana distrital y sin comisión mixta, instancia que alargaría una tramitación que ya acumula tres meses.
El partido de Franco Parisi, eso sí, ha reiterado que su voto no está resuelto, y el propio economista anticipó que dos o tres puntos pasarían a mixta: la eliminación del anatocismo, la invariabilidad tributaria y la indemnización a empresas cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada en tribunales. El Ejecutivo, en todo caso, ya movió su ficha para asegurar esos apoyos: el lunes hizo presente por primera vez la urgencia al proyecto de devolución del IVA a medicamentos y pañales, la contraparte del acuerdo sellado con el PDG en mayo. A este escenario se sumó una advertencia adicional: el Nacional Libertario anunció que, si el proyecto termina en una eventual comisión mixta, no respaldará más modificaciones.
El requerimiento que abre De Urresti
Pero incluso si el Gobierno logra zanjar el trámite legislativo el martes, el partido no habrá terminado. Los fuegos del último round los abrirá el senador Alfonso de Urresti (PS), quien tras la maratónica votación en la Cámara Alta ya había fijado el calendario: “A más tardar el día lunes”, el senador junto a otros senadores de oposición presentarán su requerimiento ante el TC, que apunta a la materia ambiental parte del corazón de la iniciativa.
Desde el equipo del parlamentario por Los Ríos indicaron a EL DÍNAMO que el senador afina los últimos detalles del texto junto a su equipo jurídico, y que será presentado dentro de estos días. El requerimiento, además, ya cuenta con las 13 firmas necesarias —un cuarto de los senadores en ejercicio—, repartidas entre senadores de toda la oposición, incluidos los jefes de los respectivos comités.
La acción de De Urresti no es aislada. La senadora Yasna Provoste (DC) hizo reserva de constitucionalidad sobre la exención de contribuciones para mayores de 65 años, por sus efectos en las arcas municipales. A ello se sumaron las reservas de Juan Luis Castro (PS) y Pascual sobre la invariabilidad tributaria y serán replicadas en la Cámara por las bancadas del PS, FA, PC y PPD.
El otro frente: las indicaciones opositoras
El round en el TC será de ida y vuelta. En la misma jornada, Quiroz hizo reserva de constitucionalidad sobre las indicaciones que la oposición logró instalar en el proyecto por no responder a las ideas matrices de la iniciativa. Se trata de la prohibición del cobro de interés sobre interés; el “derecho al olvido” financiero; la prohibición de cortar suministro de primera necesidad en zonas siniestradas; el endurecimiento de la norma que asegura el pago oportuno a las pymes.
Alvarado confirmó este viernes que el Ejecutivo prepara “una buena defensa” de la megarreforma ante el tribunal, mientras el Presidente José Antonio Kast llamó a quienes recurrirán al TC a revisar “cuál es su prioridad”.
La cancha donde se jugará ese duelo tampoco es neutra. El 24 de junio, el tribunal asestó su primer golpe al Gobierno al declarar inconstitucionales aspectos centrales del proyecto de Escuelas Protegidas, un fallo en el que resultó decisivo el voto dirimente de la entonces presidenta Daniela Marzi, designada por Gabriel Boric.
Pero el lunes el organismo cambió de mando: asumió María Pía Silva, una jueza de carrera —llegó al TC en 2018 por un cupo de la Corte Suprema, no por nombramiento presidencial ni parlamentario— que militó en la DC hasta antes de integrarse al tribunal, y cuyo voto dirimente puede ser determinante.
En el oficialismo su llegada fue recibida con expectación por su pasado democratacristiano, aunque su postura frente a los requerimientos que vienen es incierta. Ella misma marcó distancia en su discurso de investidura: el control que ejerce el TC, dijo, “no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico”.
