La Contraloría General de la República emitió durante este jueves un instructivo sobre el rol de las autoridades de Gobierno frente al plebiscito de salida del proceso constituyente, que se realizará el próximo 4 de septiembre.
En el texto, el organismo liderado por Jorge Bermúdez precisó que “las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan”.
“Los cargos públicos que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas”, añadió el escrito.
Además, el instructivo estableció que “es necesario hacer presente que no se opone a los citados principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el que el Estado a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia. Lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad”.
El texto se dio a conocer después que Bermúdez se reuniera en el Palacio de La Moneda con el presidente Gabriel Boric, instancia en donde se abordó las dudas sobre el rol del Ejecutivo, que se declaró como “no neutral” frente a los comicios que definirán el destino del proyecto redactado por la Convención Constitucional.
“La prescindencia significa neutralidad, que esto tiene que ser transparente y objetivo”, expresó el contralor, quien agregó además que el Gobierno tiene que “garantizar que el proceso sea transparente, participativo e informado”, por ende, “deben ser informadas por igual (el Apruebo y Rechazo) y eso implica un deber de prescindencia”.
