Diputados de Chile Vamos anunciaron este viernes que evaluará una posible acusación constitucional contra la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, por el telefonazo que intentó concretar con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien actualmente cumple prisión preventiva tras ser imputado por cinco delitos, tres de los cuales son por Ley de Seguridad del Estado (LSE).
El escándalo que involucró a la ex secretaria de Estado con el vocero de la organización radical se destapó en una nota de Ex-Ante, que dio cuenta de un diálogo entre una asesora de la ex autoridad con el imputado, el que se realizó en mayo pasado.
Ante este hecho, el presidente Gabriel Boric anunció la renuncia de Vega, dejando a la subsecretaría de Evaluación Social, Paula Poblete (RD), como ministra subrogante de la cartera.
El jefe de la bancada de RN, el diputado Andrés Longton, consideró como “grave” lo ocurrido con la ex ministra, señalando que se debe investigar en detalle la forma en la que se intentó contactar con Llaitul.
“Esto nos va a llevar obviamente a iniciar una comisión investigadora durante los próximos días y evaluar, si es que procede o no una acusación constitucional no solamente contra la ex ministra de Desarrollo Social”, expresó el congresista.
En ese sentido, el legislador también comentó que se analizará la misma acción para la ministra de Justicia, Marcela Ríos, debido al polémico traslado de tres presos mapuches que se encontraban en huelga de hambre en la cárcel de Angol.
“Parece sorprendente que un director regional (de Gendarmería) tome una decisión de esa envergadura, suscribiendo un acuerdo de una organización radicalizada previas amenazas de muerte y que ella no haya tenido conocimiento de eso”, complementó.
Por el caso Llautul y el mensaje de la ex asesora de Vega, el bloque también envió una carta al presidente Gabriel Boric, en donde pidió aclarar la situación. En el escrito también se solicitó revisar el rol del abogado Ignacio Sapiain Martínez, que representó al Gobierno como querellante en la causa.
“Abona a esta preocupación la participación del abogado que compareció por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien en el marco de la discusión de las medidas cautelares señaló que dicha cartera de Estado se veía en la difícil postura de adherirnos a la posición del Ministerio Público y pedir que se decrete la prisión preventiva”, señaló el texto.
Los opositores también consideraron que “es imperativo que disponga con carácter perentorio que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, particularmente su exministra y la asesora aludida, comparezcan ante el Ministerio Público y entreguen toda la información de la que dispongan“.
