El Gobierno, a través de la ministra de Justicia Marcela Ríos y la vocera Camila Vallejo, confirmó que está evaluando crear una cárcel especial para personas imputadas y condenadas que pertenezcan a uno de los pueblos originarios que existen en el país.
La propuesta, según La Moneda, nace de una idea de parlamentarios oficialistas y opositores que buscan adaptar el sistema penitenciario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, el cual plantea normas para el cumplimiento de prisión en casos de personas de origen indígena.
Frente a esta iniciativa que se mantiene en evaluación, las voces a favor y en contra demoraron poco en aparecer. Por ejemplo, Aucan Huilcaman, werkén del Consejo de Todas las Tierras, acusó que se trata de “una manera de distraer la responsabilidad histórica que tiene el Estado chileno en el conflicto del pueblo mapuche“.
Para el diputado Stephan Schubert (IND-Republicano) “lo relevante es no hacer que esto signifique un privilegio, sino que precisamente una buena forma de velar por la reclusión de aquellas personas que se encuentran en la condición especial de pueblos originarios. Vamos a analizar lo que el Gobierno plantee, pero lo importante es no transformar en un privilegio“.
Trabajos en el campo y producción de sus alimentos
En esta misma línea de los opositores, Mauricio Ojeda también cuestionó la idea de crear un recinto exclusivo para los indígenas. Sin embargo, podría abrirse a votar de forma positiva siempre y cuando se cumplan algunas condiciones.
“Separar a los reos por religión, por etnia o por culturas creo que es una muy mala decisión, porque somos todos iguales ante la ley”, dijo el parlamentario de la Región de la Araucanía, una zona que tiene la mayor cantidad de internos de pueblos originarios.
“Las cárceles deberían estar muy lejos de la ciudad. De hecho, en el campo, para que los reos puedan producir y trabajar su propio alimento”, es una de las tesis que postuló Ojeda en su intervención.
