Gobierno ofrece asilo y residencia por gracia a nicaragüenses privados de su ciudadanía
Desde el 9 de febrero son cientos los nicaragüenses que han perdido su nacionalidad por decisión de los tribunales manejados por el gobierno.
Por Juan Pablo Ernst
Todos los apátridas son considerados opositores políticos del presidente Daniel Ortega. Archivo Agencia UNO.
La Cancillería confirmó hoy que el gobierno del Presidente Gabriel Boric les ofreció asilo y la nacionalidad chilena a los nicaragüenses que ha sido privados de su ciudadanía por parte del régimen de Daniel Ortega.
Hasta la fecha a 317 nicaragüenses se les ha quitado la nacionalidad, convirtiéndolos en apátridas, todos ellos considerados opositores políticos del presidente de Nicaragua.
Fue a través de un comunicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas, “el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan“.
En el texto la Cancillería recalcó que de esta forma “el Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”.
Estándares civilizatorios
“La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad“, indica el comunicado.
Por instrucciones del Presidente Gabriel Boric, serán los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública, los encargados de adoptar las medidas tendientes a concretar la decisión del Ejecutivo.
Desde el 9 de febrero son cientos los nicaragüenses que han perdido su nacionalidad por decisión de los tribunales manejados por el gobierno.
Entre quienes hasta hoy son apátridas se cuentan Sergio Ramírez y Gioconda Belli y el obispo Rolando Álvarez.
Este último fue condenado a más de 26 años de cárcel tras negarse a ser desterrado por el régimen de Daniel Ortega.
