Trabajadores de la DGAC acusan nulas gestiones de Defensa tras tiroteo en Aeropuerto de Santiago
“Nos sentimos muy golpeados por la muerte de nuestro compañero, porque nosotros le habíamos dicho a las autoridades que podía suceder. Les dijimos que a nosotros no nos iba a atacar una delincuencia común”, dice Víctor Hernández, director de ATOF-DGAC.
Por Carlos Saldivia
La ministra de Defensa, Maya Fernandez, y el subsecretario Galo Eidelstein son criticados por funcionarios de la DGAC.
Una fuerte molestia causaron las palabras de solidaridad del presidente Gabriel Boric al interior de la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (ATOF-DGAC), en medio del acto del 8M, tras el intento de robo en el Aeropuerto de Santiago perpetrado este miércoles.
“Hubo un asalto en la losa del aeropuerto, en donde los delincuentes desgraciadamente abatieron a tiros a un funcionario de la DGAC (…) Quiero por cierto solidarizar y mandarle un abrazo grande a la familia del funcionario de la DGAC”, fueron las palabras del mandatario que generaron controversia entre los funcionarios fiscalizadores de la terminal aérea.
El principal motivo del desagrado apuntaba al 28 de septiembre del año pasado. Ese día, el gremio de trabajadores le entregó a Gabriel Boric una carta de cinco páginas en La Moneda. En ésta le plantearon que los fiscalizadores no contaban con la dotación suficiente, ni con las facultades necesarias para poder reprimir actos de interferencia ilícita, entre los que se encuentran el terrorismo y el tráfico de drogas, o incluso un robo, como el que fue frustrado por un descuido esta mañana y que terminó con dos personas muertas.
La premonitoria carta dirigida a Boric sobre el Aeropuerto de Santiago
“Nos sentimos muy golpeados por la muerte de nuestro compañero, porque nosotros le habíamos dicho a las autoridades que podía suceder. Les dijimos que a nosotros en el aeropuerto no nos iba a atacar una delincuencia común, sino que un grupo tipo comando de 10 o 12 delincuentes. Y nuestro personal tiene las obligaciones de policía, pero no tiene las atribuciones”, sostiene Víctor Hernández, director de la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores Dirección General de Aeronáutica Civil (ATOF).
En la misiva al presidente Boric, el presidente de ATOF, Gonzalo Acuña, le argumentó que en la actualidad los tratados internacionales imponen a los funcionarios de seguridad aeroportuaria la fiscalización de los denominados actos de interferencia ilícita entre los que se encuentran el terrorismo y el tráfico de drogas. Y advirtió: “Lamentablemente, nuestros funcionarios no cuentan con la dotación suficiente, ni con las facultades necesarias para poder prevenir tales delitos, lo que se suma a la ausencia de carabineros y funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad pública suficientes para prevenir y reprimir incluso un simple robo”.
“Nos hemos reunido dos veces con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, quien se comprometió a reanudar las mesas de trabajo en el mes de marzo del presente año (2022). Lamentablemente, la autoridad se ha quedado solamente en el compromiso, pues no ha abierto ni convocado a la mesa de trabajo mencionada. Hemos tratado de reunirnos con la ministra de Defensa Maya Fernández, pero, a pesar de nuestras solicitudes por Ley de Lobby, no nos recibe. Creemos, señor Presidente, que es necesario que su gobierno se tome en serio este importante tema. (…) Nadie, y mucho menos nuestra asociación, queremos un accidente grave o un incidente que genere un daño irreparable tanto en vidas humanas como para el prestigio de aeronáutica nacional”, sostiene la misiva en uno de sus párrafos.
Según explican a EL DINAMO desde la DGAC, la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de la entidad fiscalizadora habían comenzado en 2017, cuando era subsecretaria de Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y la instancia se mantuvo con los ministros Mario Desbordes, Alberto Espina y Baldo Prokurica, en el gobierno de Sebastián Piñera.
La carta al presidente Gabriel Boric advierte en otro acápite sobre la posibilidad de un incidente grave en la seguridad del Aeropuerto de Santiago que llama la atención: “Ante un incidente grave, aumenta la desconfianza y las restricciones en el comercio aéreo desde y hacia los países responsables. (…) Para seguir contando con una seguridad aeronáutica que garantice efectivamente la vida de los pasajeros y la indemnidad del comercio aéreo nacional e internacional, creemos que, entre otros elementos, como el aumento de la dotación de funcionarios y la inversión en tecnología, se requiere también, la implementación de una asignación por fiscalización para los funcionarios aeronáuticos”.
Funcionarios civiles de la DGAC relatan a EL DINAMO que, con motivo de la ceremonia de cambio de mando de la FACH en noviembre, representantes de ATOF-DGAC, consultaron al presidente Gabriel Boric por la carta. Según explican, el jefe de Estado no la había leído, pero se comprometió a que lo haría.
“La ministra Fernández nos deriva al subsecretario Eidelstein”
“Estuvimos con el presidente Boric, entregando un proyecto de Comisaría Aérea, que se trabaja desde 2018, y haciéndole saber cómo son las funciones de seguridad aeroportuarias, con la intención de que la ley nos entregue facultades, ya que los fiscalizadores pueden portar arma, pero sin ninguna facultad ante la ley para prevenir delitos ni el entrenamiento permanente como lo tiene Directemar, Gendarmería, la PDI o Carabineros”, relató el presidente de ATOF, Gonzalo Acuña a EL DÍNAMO.
No obstante, en la agrupación de funcionarios de la DGAC señalan que no se han sentido escuchados por el Gobierno, ya que han solicitado varias reuniones con la ministra de Defensa, Maya Fernández, pero no han sido recibidos.
“Pedimos por Ley de Lobby cinco reuniones con la ministra Fernández, pero ella nos ha derivado al subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para abordar los temas más delicados, como la seguridad aeronáutica, y este nos derivó al jefe de División Administrativa, Rodrigo Lavanderos. La ministra de Defensa ha incumplido todos los protocolos para abordar los temas más delicados que están pasando en la DGAC”, sostiene Gonzalo Acuña.
La asignación especial para remuneraciones
En la DGAC comentan que los fiscalizadores del Aeropuerto de Santiago son funcionarios civiles que dependen orgánicamente del comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Reparan en que, como civiles bajo un mando militar, los sueldos son bajos, los turnos de 24 horas y que tampoco les favorece la situación previsional.
En la institución recuerdan que en 2020, con los votos de los entonces diputados Maya Fernández y Gabriel Boric, se aprobó en el Congreso un proyecto de acuerdo impulsado por Karim Bianchi para solicitar al Presidente de la República disponer la implementación del pago de la Asignación de Fiscalización y la Asignación Especial a los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil.
Los legisladores arguyeron que los funcionarios de la DGAC se encuentran en una situación desfavorable frente a instituciones que cumplen funciones similares en términos de fiscalización, como la Superintendencia de Pensiones, de Servicios Sanitarios, de Valores y Seguros, etc., debido a que “a la misma razón, rige la misma disposición”. Algunos incluso deslizaron que los bajos sueldos eran un riesgo para la seguridad del Aeropuerto de Santiago.
“Para fortalecer la seguridad aeroportuaria se necesita de más infraestructura, tecnología, dotación de funcionarios de seguridad y facultades para ellos, pero evidentemente es ineludible aumentar sus remuneraciones, tal como ocurre con otras funciones fiscalizadoras del Estado”, plantea el abogado Ariel León Bacian, asesor de la Asociación Nacional de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la DGAC.
