El polémico convenio por $426 millones entre el seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que encabezaba la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, no ha pasado inadvertido.
La investigación de la Fiscalía, las decisiones políticas que terminaron con las expulsiones de los involucrados desde Revolución Democrática (RD) y la suspensión de la parlamentaria desataron una crisis en el oficialismo que la ciudadanía cuestiona por la maniobra para conseguir fondos de una ONG sin mayor experiencia en el trabajo con campamentos.
De acuerdo a la encuesta Black&White, el 81% de los 1.078 encuestados asegura estar en conocimiento de este millonario acuerdo en cuestión. Además, el 69% considera que este caso empeora la imagen del Gobierno del presidente Gabriel Boric.
Catalina Pérez, la peor evaluada
En paralelo a la suspensión que aplicó Revolución Democrática mientras no se aclaren las responsabilidades en el convenio del Minvu con Democracia Viva, las dudas que el presidente del partido tiene de ella y su licencia médica que la ausentará del Congreso, la diputada Catalina Pérez es la peor evaluada según la consulta.
La Fiscalía Nacional y los partidos de oposición, en tanto, tienen una valoración más alta en el papel que han tomado frente a la controversia y la posibilidad de que existan delitos en este caso que empaña la administración Boric. De hecho, la aprobación del Gobierno tras el destape de este problema bajó seis puntos, desde 42% a 36% desde el último estudio.
Finalmente, los participantes de esta encuesta cuestionan más al partido Revolución Democrática en general que a los involucrados en general. El 61% considera que el caso es un reflejo de las malas prácticas de la colectividad ante un 39% que estima que los responsables son las personas de forma individual.
