Comisión investigadora reveló negligencias en investigación de muertes en la empresa Kayser
En el texto se apunta a una serie de negligencias e irregularidades por parte de diversos órganos del Estado.
Por Juan Pablo Ernst
La muerte de las cinco personas ocurrió el 20 de octubre de 2019, en el marco del estallido social. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Una serie de irregularidades y negligencias por parte de órganos del Estado detectó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que analizó la muerte de cinco personas en la empresa Kayser, ocurridas el 20 de octubre de 2019, en el marco del estallido social.
Esa jornada, cientos de personas entraron a a las bodegas de la empresa en Renca, la que sufrió un incendio, en el que fallecieron las cinco personas. A las víctimas se las identificó como Julián Pérez, Andrés Ponce, Manuel Muga, Luis Antonio Salas y Yoshua Osorio.
Luego de que las pericias de los órganos especializados no esclarecieran las circunstancias en que se produjeron los decesos, la Cámara de Diputados formó la comisión que preside el diputado Andrés Giordano (Ind-FA).
Al presentar las conclusiones del trabajo de la comisión investigadora, Giordano sostuvo que la instancia logró “la constatación de ciertas negligencias. Hubo omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado”.
No tuvo la calidad de ser una investigación con la debida oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos encargados de investigarlo”, indicó el legislador.
Recalcó que faltó “exhaustividad y la participación de los familiares en el proceso”.
El detalle de las conclusiones de la comisión del caso Kayser
Respecto de las negligencias a la que hace mención el informe, se detalló que de parte del Servicio Médico Legal se falló “en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas”.
Al respecto recuerda que en respuesta a un oficio del 2021 del Ministerio Público, desde el SML se indicó que “no hay antecedentes de impactos balísticos”. Pero sí los hubo.
El texto apunta también que tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público aseguraron “que las víctimas habían muerto saqueando; es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”.
El trabajo de la Comisión apunta además que “ni en el día del incendio ni los días posteriores” se cercó el sitio del suceso “para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”. Un asunto que era responsabilidad de Carabineros y el Ministerio Público.
Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019″, agrega.
Según se indica en el documento, hay una “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos. Puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal, de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.
Las acciones a seguir
“La constatación de aquellos hechos nos obliga, como Poder Legislativo, a tomar algunas acciones”, sostuvo a continuación el diputado Andrés Giordano.
Una de ellas es que efectivamente podamos legislar para que estos protocolos y estas recomendaciones que hoy día han sido vulneradas, y que generaron perjuicios para las familias que actualmente llevan este juicio adelante, sean de carácter obligatorio”, planteó.
Así, llamó a “capacitar, difundir e instruir respecto de la necesidad de aplicación del Protocolo de Minnesota en el SML y órganos persecutores de la responsabilidad penal. Particularmente cuando existan decretos de estados de Excepción Constitucional”.
También la comisión acordó de manera unánime “propender el levantamiento y el reconocimiento de un memorial en el sitio del suceso“.
Finalmente, manifestó que además “se sugirió que se avance en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa de las víctimas en procesos penales, que hemos visto que también ha sido parte del gran problema en este caso”.
La comisión especial investigadora estuvo compuesta por los diputados Andrés Giordano (independiente-RD); Yovana Ahumada (Ind.-PSC); Boris Barrera (PC); Ana María Bravo (PS); Jorge Durán (RN); Mauro González (RN); Tomás Hirsch (PAH); Cristian Labbé (UDI); Daniel Lilayú (UDI); José Carlos Meza (P. Rep.); Clara Sagardia (Ind.-FA), y Alberto Undurraga (DC).
