El pasado 30 de agosto, el Senado aprobó la Ley de Usurpaciones, iniciativa que busca establecer sanciones más estrictas para el delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para facilitar la detención de ocupantes y castigar hasta con penas de cárcel.
Dentro de sus objetivos está está sancionar con presidio toda la hipótesis de usurpación, extendiendo el periodo de flagrancia; y permite que, durante la investigación y la demanda, se realice la restitución anticipada del inmueble ocupado.
La propuesta quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo, pero el Gobierno anunció que presentará un veto, cuya fecha límite es el próximo 29 de septiembre, a raíz de la norma que fue incluida y que establece el derecho a “legítima defensa privilegiada“.
Al respecto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció el jueves que el veto será presentado este semana e indicó que “primero vamos a informar a los parlamentarios y luego dar a conocer la fórmula técnica en que se plantea“.
“Pero el principio rector es que queremos que se respete un principio básico: que en Chile la autotutela y la justicia con mano propia no forman parte de los principios sobre los cuales se ha construido nuestro ordenamiento jurídico. Respecto de este punto en particular, existe acuerdo al menos del oficialismo, y creo que cierta sensibilidad importante de algunos actores de la oposición”, agregó.
El secretario de Estado dejó en claro que “vamos a vetar esta iniciativa para perfeccionarla, para corregirla“.
u0022Somos partidarios de una ley que esté a la altura de lo que se requiere, que proteja adecuadamente a quienes son víctimas de estos delitos y que establezca mecanismos expeditos para el restablecimiento del imperio del derecho, pero bajo ninguna circunstancia una ley que promueva la violencia entre particularesu0022, insistió.
¿Qué mecanismo se utilizará?
Hasta el momento, se desconoce el tipo de veto que presentará el Gobierno a la Ley de Usurpaciones. Dentro de las opciones existe el sustitutivo “global”, en el cual hay consenso e implica un documento que reemplace el proyecto que fue despachado por el Congreso, lo que obliga al oficialismo y a la oposición a votarlo como si fuera un “paquete cerrado”, necesitando solo una mayoría simple en ambas cámaras.
Si es rechazado, la ley se cae completamente y, como última chance, se requieren dos tercios en la Cámara y el Senado para restituir la ley original.
También existe la opción de que el veto sea aditivo, donde el Presidente agrega un artículo o capítulo a la Ley; o uno supresivo, donde se elimina parte del proyecto de Ley.
¿Qué dice la oposición?
Aunque aún no se confirma que tipo de veto se presentará a la Ley de Usurpaciones, desde la UDI sostuvieron que “nosotros siempre hemos tenido disposición de dialogar y consensuar un veto en la medida de que no se afecte el corazón del proyecto, básicamente que sea un delito la usurpación, siempre con penas de cárcel, que sea un delito permanente, que haya legítima defensa de los propietarios, y que se pueda pedir en cualquier momento la restitución”.
El diputado Henry Leal, jefe de la bancada de la UDI, agregó que “lo que no puede ocurrir es que el Partido Comunista y el Frente Amplio quieran imponer sus términos, porque el riesgo de eso es que no se reúnan los dos tercios y nos quedemos sin una ley. Para nosotros es muy importante tener una Ley de Usurpaciones“.
