El presidente Gabriel Boric admitió este martes que hubo “irregularidades en el proceso” de entrega de pensiones de gracia a víctimas de la represión durante el estallido social, y confirmó que ordenó que el Ministerio del Interior revise “cada una de las carpetas” de los más de 418 beneficiarios.
Así lo manifestó el mandatario durante su visita a la isla de Chiloé, ocasión en la que ratificó que ya se les quitó el beneficio a 25 personas que lo habían obtenido.
Lo anterior, luego de de que la Contraloría General de la República cuestionara la entrega de pensiones de gracia a 58 personas que cuentan con antecedentes penales, algunos de ellos por delitos violentos.
A ello se suma que según los datos que reveló el Registro Civil, otras 11 personas también están en dicha situación.
Según el detalle entregado por la repartición, del total de 69 ciudadanos que están en esta situación, a 21 se los entregó el ex presidente Sebastián Piñera y a los otros 48 el presidente Gabriel Boric.
Pensiones no son “un premio”
Al abordar la entrega de las pensiones de gracia, Boric planteó que “hay una situación bien indignante, porque hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición en el momento en que se otorgaron”.
Luego recalcó que “las pensiones de gracia no son un premio al mérito. Por lo tanto, en los casos en que efectivamente haya existido una grave vulneración de los derechos humanos (…) las personas tendrán que responder por el delito que hayan cometido“, aseveró.
De todas maneras, precisó si las víctimas de la represión “sufrieron una grave vulneración a sus derechos humanos, como el caso de una pérdida globo ocular, que es un hecho bastante objetivo de comprobar, tienen el derecho también a ser reparados“.
“Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Las responsabilidades penales hay que afrontarlas y se tienen que cumplir en función de lo que dicte la justicia”, recalcó el jefe de Estado.
Las irregularidades
Acto seguido, el presidente Boric admitió que “han habido irregularidades en el proceso”, y reconoció que “no estaban todos los antecedentes a la vista. Habían deficiencias tanto en materia legal, como en materia de decretos“, asumió.
“Ya hemos tomado la decisión de revocar 25 pensiones de gracia, porque desde mi perspectiva (…) no se cumplen los requisitos necesarios para poder sostenerla. Y cuando se cometen este tipo de situaciones lo que corresponde es enmendarla”, enfatizó.
“Hay un problema que viene de larga data”, dijo, y planteó que “por lo tanto, hay un problema legal que va más allá de una responsabilidad particular de una persona“, concluyó.
