Este lunes la Corte Suprema recepcionó el oficio emanado de la comisión mixta de Constitución que informa de la norma que compromete modificaciones al Conservador de Bienes Raíces, en particular que dividirá sus funciones, lo cuál sería el último aspecto pendiente de la reforma notarial.
Con esto, sólo queda que la Cámara de Diputados y la Sala del Senado aprueben el informe de la comisión.
Hoy, de hecho, la Cámara Baja —en su tercer punto— debe discutir y eventualmente votar el proyecto.
Esto, en consideración de que el proyecto ya exhibe una estructura para ser promulgado en la primera semana de junio, según los cálculos del Gobierno, luego de que la comisión unida de ambas cámaras arribara a un entendimiento en los siete puntos de discrepancias que persistían tras años de debate.
En lo medular, la reforma se compromete dos grandes cambios al sistema: el cambio al sistema de nombramientos de notarios que excluye a la Corte de Apelaciones en la elaboración de las nóminas e incluye una nueva norma de fiscalización a las notarías.
También, se incorporan elementos de inclusión de plataformas digitales para facilitar la ejecución de ciertos trámites y servicios.
Además, se incorporó un estricto régimen de inhabilidades para familiares de parlamentarios, funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo.
Sin embargo, otras medidas quedaron fuera, como lo es el caso de la propuesta de “desnotarización” de trámites a través de la figura de los “fedatarios” públicos y externos que buscaba aumentar la oferta y eliminar cierto trámites que hoy requieren
“Se ha avanzado en una reforma que ha mejorado el sistema que ha incorporado elementos de mayor transparencia. Por ejemplo, hoy día los nombramientos van a ser vía alta dirección pública, lo que garantiza un mecanismo mucho más transparente y meritocrático, especialmente los nombramientos de notarios y conservadores. También la fiscalización externa y las exigencias de digitalización son un paso clave para mejorar el servicio a la ciudadanía”, evalúa el diputado Miguel Ángel Calisto, quien fue presidente de la Comisión de Constitución durante el tramo final de la tramitación.
De todas formas, en conversación con EL DÍNAMO, Calisto hace presente que el proyecto tiene baches que no fueron subsanados en la comisión mixta.
“No se puede abrir un modelo y un sistema sin garantizar que el sistema funcione correctamente. Yo creo que eso ha quedado un poco al debe, particularmente porque no se incorporaron elementos de ponderación de la experiencia como habíamos solicitado. También habíamos pedido mayor fiscalización, fiscalización más robusta para oficios pequeños, que en el futuro tendrán que revisarse”, dice el diputado.
De todas formas, asegura que las bancadas que concurrieron son sus votos.
Presiones y pugnas
Fue en 2028, en el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, que se presentó el proyecto que hoy podría tener su primer triunfo en la Cámara y quedar a sólo un paso de ser ley.
En este periodo, sin embargo, se evidenciaron varios episodios de enfrentamientos entre el gremio y el Parlamento, polémicas notariales incluidas.
Notarios muertos certificando firmas de la Lista del Pueblo; el nombramiento de la hermana del diputado Raúl Leiva en la Notaría de Lo Espejo, entonces presidente de la Comisión de Constitución, que se había titulado solo hace dos años; el intento del ahora presidente del Senado, José Manuel Ossandón (RN) por derivar el proyecto a la Comisión de Gobierno, retrasando aún más; notarios destituidos por suplantación de identidad; y pagos desde sindicatos del Conservador de Santiago a asesores legislativos para interceder por ellos; fueron algunos de los episodio que envolvieron la discusión en los últimos años.
Todo eso, fue llevado al Congreso.
De hecho, el conflicto de interés en las notarías fue uno de los puntos álgidos ya que en agosto del año pasado, a solicitud de Francisco Huenchumilla (DC), se eliminó esta inhabilidad.
Lo conflictivo fue que la esposa de Huenchumilla es notaria de Lautaro.
La polémica obligó al Gobierno a reponer la inhabilidad, pese a que el ministro Luis Cordero había cedido a no incluir esa inhabilidad.
Con todo, el proyecto que se apresta a salir de Congreso contiene esa norma, aunque excluye otras como la jubilación forzosa de funcionarios públicos a los 75 años manteniendo el carácter de “vitalicio” que fue cuestionado a lo largo de los siete años de tramitación.
