El informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios salieron del país con licencia médica vigente provocó una alerta no sólo en el Gobierno y los servicios involucrados, sino que también en el Congreso desde donde se busca activar una agenda legislativa para hacer frente a la polémica.
Hasta el momento, dos propuestas han tomado fuerza: dar más atribuciones a Contraloría para fiscalizar y establecer sanciones, y una ley corta para endurecer la fiscalización a los emisores de licencias médicas.
En la sesión especial del Senado de este lunes 26 de mayo, el senador Alfonso de Urresti (PS) emplazó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para saber la disposición del Gobierno para presentar una ley corta para hacerse cargo de la situación.
“Esto —la mal utilización de las licencias— hay que desincentivarlo. Pregunta, ¿el Ejecutivo está en condiciones de presentar una ley corta? Hay temas que con pequeñas atribuciones esto cambia: dándole atribuciones a la jefatura, darle sanciones a los que incurran en esto y fiscalización efectiva”, emplazó el senador.
La ministra de Salud, presente en la sesión, no contestó al emplazamiento.
Sin embargo, la idea tomó peso en el Congreso. El jefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, apoyó la moción de la ley corta proponiendo que “se le otorgue atribuciones ampliadas a la Contraloría, una institución que, sin contar con las herramientas suficientes, ha logrado levantar las alertas en el Caso Fundaciones y ahora con las licencias médicas fraudulentas”.
En esa línea, el parlamentario planteó que se debe ir más allá en la fiscalización: “La Contraloría necesita tener acceso directo a cuentas corrientes y registros financieros cuando hay recursos fiscales involucrados. También requiere tener facultades sancionatorias efectivas, ya que actualmente no puede suspender, multar ni exigir la restitución de recursos”.
Sumado a ello, desde la bancada de RN se solicitó al Ejecutivo darle urgencia al proyecto que permite seguir adelante con sumarios administrativos a funcionarios renunciados. Esto en el contexto de que ya más de mil funcionarios apuntados por la Contraloría han dejado sus puestos en reparticiones del Estado.
Consultado por EL DÍNAMO, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que “acá lo relevante es que nosotros, la clase política llegue a un consenso necesario para modernizar, perfeccionar y flexibilizar el estatuto administrativo. Y de ese punto de vista nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas equilibradas que busquen contar con un Estado que otorgue un servicio de excelencia a los chilenos, que agilice procesos de destitución por actos de corrupción y, por sobre todo, entregar mayores recursos económicos, jurídicos y políticos a la CGR para que potencie su trabajo fiscalizador”.
Las otras medidas que se discuten
De todas formas, la necesidad de impulsar una agenda legislativa respecto a las licencias médicas no es una idea compartida por todas las bancadas. Desde el oficialismo apuntan a la cautela y otro tipo de iniciativas para enfrentar la situación desde el parlamento.
“Es un tema que aún está en análisis, y que creemos debe abordarse con seriedad. Hasta ahora ignoramos cuáles son los factores comunes en la diversidad de los 25 mil casos que deben despejarse, por lo que cualquier medida puede ser apresurada y no atacar al problema de fondo. Sin embargo, hay principios que compartimos: la probidad, el aumento de sanciones ante casos como estos, la necesidad de que la información se cruce y arroje alertas con mayor frecuencia, la prohibición de realizar otras actividades mientras se está con licencia médica , entre otros”, comenta a EL DÍNAMO el jefe de bancada del PS, Juan Santana.
Por otra parte, la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, es una de las que se muestra contraria a impulsar proyectos que “ya se están tramitando o ya son ley” y apunta a otro tipo de medidas como una comisión investigadora o una sesión especial.
“Hay que mirar esto con cabezas frías. Se acaba de promulgar una ley que establece mayores sanciones respecto a quienes emiten fraudulentamente este tipo de licencias médicas y se aumenta también la sanción para aquellos que las mal usan”, dice la diputada.
“Aquí lo importante es parar con esto, obtener la devolución de los dineros y por otro lado aplicar las leyes, más que hacer anuncios efectistas que en realidad pareciera dejar a la gente tranquila pero son cuestiones que o ya se están legislando o efectivamente ya existen como ley”, añade Fríes.
En ese sentido, la jefa de bancada frenteamplista asegura ser partidaria más de “una comisión investigadora en el Parlamento, que tiene sentido para abordar qué pasó aquí, cuáles son las causas, qué hay detrás de todo esto, y determinar si hay mafias o no”.
