Durante la sesión especial de la Comisión de Salud del Senado, en que la contralora general Dorothy Pérez entregó nuevos detalles del informe que reveló la mal utilización de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, tuvo una impensada protagonista.
Se trata de la máxima autoridad de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, quien a pesar de no estar presente en la sesión, su nombre fue requerido por los senadores por su eventual responsabilidad política en el entramado que permitió este mecanismo de defraudación.
Fue el senador Alfonso de Urresti (PS) quien apuntó contra la superintendenta e incluso pidió que pusiera su cargo a disposición.
“¿No está la Suseso?¿Nadie asume la responsabilidad política acá? El convenio entre la Suseso y PDI es una cosa que simplemente hay que usar datos, ni siquiera usar un software (…) La directora de la Suseso me imagino que estará poniendo su cargo a disposición o se le estará cayendo la cara de vergüenza”, lanzó el legislador socialista.
El convenio que pudo anticipar el Caso Licencias
En concreto, a lo que se refería el senador, es un convenio suscrito en junio de 2014 entre la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cual establecía una dinámica de colaboración que posibilitaba fiscalizar y combatir el fraude en licencias médicas.
El acuerdo, formalizado mediante la Resolución Exenta N° 62, surgió en el contexto del Plan de Fiscalización sobre Licencias Médicas que desarrollaba la superintendencia ante la necesidad de identificar casos donde trabajadores utilizaban de manera fraudulenta sus permisos médicos para salir al extranjero.
El convenio -que se puede revisar en este link- establecía un mecanismo aparentemente sólido: la PDI informaría a superintendencia sobre personas que, teniendo licencias médicas vigentes, salieran de Chile durante su período de reposo.
Por su parte, la Suseso proporcionaría nóminas de beneficiarios con licencias, y la PDI cruzaría esta información con los registros migratorios para detectar posibles irregularidades. El objetivo era fortalecer la fiscalización y prevenir el uso indebido de las licencias por parte de trabajadores contratados por el Estado.
Cuatro años después, en marzo de 2018, ambas instituciones renovaron el compromiso mediante la Resolución Exenta N° 85, esta vez con un alcance más amplio.
El nuevo convenio no solo mantenía el intercambio de información sobre licencias médicas, sino que incorporaba un Sistema de Identidad Biométrica que permitiría el acceso a datos como el RUN, nombres, apellidos, nacionalidad, fotografías, huellas dactilares y otros antecedentes biométricos.
Sin embargo, pese a las renovadas expectativas y la sofisticación tecnológica prometida, el convenio no logró traducirse en acciones concretas de fiscalización, lo que quedó en evidencia tras el demoledor informe de Contraloría que, de paso, evidenció la falta de fiscalización activa de las instituciones competentes.
De hecho, la misma Contraloría anunció que abrió un sumario contra la Suseso, Fonasa y el Compin por la falta de control al uso de licencias médicas.
Consultado por EL DÍNAMO, De Urresti mantiene su posición respecto a que la responsabilidad política recae sobre Gana y señala que “aquí tiene que haber un exhaustivo estudio de cuál es la labor que hizo la Suseso. No puede ser posible que existiendo de manera vigente un convenio con la PDI no se haya hecho simplemente un cruce de información que es tan evidente como ver quiénes salieron del país”.
Y acota: “Esta tarea se debió de realizar hace largo tiempo. Entonces, acá tenemos una falta de atención, un descuido y también una permisividad respecto a investigar algo tan evidente y tan fácil de demostrar, como bien lo ha podido hacer la contralora, de cruzar la información con las salidas del país. (Pamela Gana) claramente no ha estado a la altura en ejercer su función la dirección de la superintendencia de seguridad social”.
Quién es Pamela Gana y su explicación del convenio
Pamela Gana es superintendenta de Seguridad Social desde el año 2022 por nombramiento del presidente Gabriel Boric tras ser seleccionada por Concurso de Alta Dirección Pública (ADP). Previamente, desde noviembre de 2014 hasta 2022 ejerció el cargo de intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo en la misma Suseso.
En el contexto de la polémica por el convenio que no fue utilizado para fiscalizar con anterioridad la situación de las licencias médicas ocupadas para viajar fuera del país, Gana defendió su gestión apuntando al rol de la PDI como principal motivo para no llevar adelante esta labor fiscalizadora.
“Nosotros desde hace un buen tiempo, desde el 2014 y después reforzado en el 2018, después haciendo gestiones también, estuvimos tratando de tener acceso a los datos de la PDI. Como superintendencia no conocemos la entrada y salida del país, pero tenemos un convenio que nunca se ha podido llevar a cabo, a ser efectivo, y creo que esperamos que este sea una oportunidad para que la PDI pueda entregar la información”, dijo Gana hace unos días en conversación con ADN.
De todas maneras, la superintendenta advirtió que es complejo realizar la fiscalización. “Esto no se trata de que la PDI pueda entregar la información a los actores, no se trata de que te mande una nómina, te mande un email, porque eso es sumamente ineficiente. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es desarrollar sistemas de interoperabilidad de datos, que hayan consultas masivas en líneas transaccionales, que permita así esta licencia médica se entrega, y de las 600.000 licencias que se dan en un mes, se entrega esta licencia médica y un chequeo permanente de este tipo de cosas. Creo que es necesario y que va a ayudar a cuidar el sistema que hoy día se ve puesto en duda y vulnerado”, explicó la autoridad cuestionada.
