Por estos días los candidatos del oficialismo despliegan sus campañas no sólo en terreno, sino que también en el mundo digital. Varios millones de pesos han sido destinados para que sus respectivos mensajes de campaña lleguen a electores a través de redes sociales.
Carolina Tohá (Socialismo Democrático), por ejemplo, ha desembolsado más de $11 millones en los últimos 30 días en Facebook para ampliar la difusión de su campaña y llamar a votar por ella este 29 de junio en la primaria.
Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS) también han hecho lo propio: el abanderado frenteamplista ha gastado $5.844.573 en publicidad de Meta mientras que Mulet reporta un gasto de $5.433.5273.
En el último lugar de los abanderados oficialistas asoma Jeanette Jara (PC) con $3.292.666 utilizados en publicidad.
Lo llamativo, en todo caso, es que hay un aspirante a La Moneda —que no está habilitado para realizar campaña— que reporta un gasto superior a los cuatro candidatos del oficialismo juntos. Se trata de Marco Enríquez-Ominami.
El ex diputado independiente busca recolectar los 35 mil patrocinios necesarios para ser parte de la papeleta presidencial de noviembre, los cuales debe reunir antes del 18 de agosto, periodo límite dispuesto por el Servicio Electoral (Servel).
Para cumplir ese objetivo, ME-O ya ha desembolsado $30.328.143 millones en publicidad en Meta con un total de 92 publicaciones.
Según el registro de la plataforma, el ex líder del Partido Progesista es el único candidato que está en periodo de recolectar firmas que ha financiado publicaciones. Otros, como Harold Mayne-Nicolls, no registran gastos en la plataforma.
Si bien Enríquez-Ominami está dentro del plazo legal para buscar patrocinios para su candidatura y en las publicaciones no se advierte un “vota por” que es lo penado por la Ley N° 18.700, sí existe una “zona gris”, según advierte el experto en derecho electoral, Sebastián Salazar, académico de la Universidad Alberto Hurtado.
“Efectivamente es una zona gris porque ME-O se encuentra juntando firmas ante el Servel. Y en esa situación está Artés, Harold Mayne-Nicolls y un montón de gente más que estaría en la misma situación”, dice Salazar.
Junto con eso, explicó que “él puede decir, yo estoy haciendo campaña para la recolección de firmas, pero obviamente esa acción tendrá un componente político-ideológico en el sentido de que pondrá algunos slogans y algunas cuñas para motivar a la gente a que se inscriba por él. Y eso es una zona gris porque lo pueden orientar por esa vía (…) son meta campañas presidenciales”.
En todo caso, Salazar aclara que “lo que la ley prohíbe es la propaganda, el llamar a votar por alguien. Por eso se habla de campaña y dentro de la campaña se habla siempre del último mes de propaganda.
“¿Qué son actos de propaganda? Por ejemplo, los mensajes de redes sociales que dicen: Vota Tohá número… Eso es lo que se considera como campaña política para efectos de la ley”, cerró.
